Justicia para Dara y Miguel: la vivienda no es delito

En un año y medio, en torno a la historia de Dara y Miguel hay 4 desahucios.

Una pareja joven del barrio vallecano de Entrevías y su hijo de tres años ven peligrar su vivienda y su vida diaria por una absurda, cruel e innecesaria condena judicial. Realizar tareas básicas como llevar y traer al pequeño al cole, hacer la compra, sacar dinero del banco, ir al médico o buscar empleo supone para ellos infringir los 45 días de arresto domiciliario ordenados por un juzgado madrileño por no poder pagar una multa de 570 euros, la pena que les impuso la magistrada Inmaculada Martín Llanos por ocupar una vivienda de Bankia. Pero como tantos hogares del sureste madrileño y de todo el país, ni Dara ni Miguel son delincuentes y a falta de otra vía sólo han buscado un techo en el que vivir. Sus ingresos conjuntos de 587 euros y la falta de vivienda social no les han dejado otra alternativa.  En torno a esta historia hay -en sólo el último año y medio: en plena era Cifuentes y Carmena- cuatro desahucios y un contexto de abuso policial y judicial contra los más pobres, mientras los bancos siguen negándose a devolver a la sociedad lo que ésta le ha dado: hasta 147.000 millones de euros desde el inicio de la crisis sólo en el caso de Bankia.

Este último tramo de la historia comienza en agosto de 2016, cuando la familia que vivía en el piso de la avenida de Entrevías, 66 decide abandonar la vivienda para volver a su país de origen. Como tantas y tantas familias, los habitantes del piso donde ahora viven Dara, Miguel y su hijo, se resignaron a dejar su vivienda al banco y su vida en España, desmoralizados y destrozados anímicamente por el peso de una deuda impagable. Un desahucio silencioso, como la mayoría de los 61.000 registrados en 2016 en los juzgados. Ironías de la vida: si esta familia hubiera esperado unos meses la Audiencia Provincial habría paralizado la demanda de Bankia por basarse en una cláusula declarada ilegal por la Unión Europea.

Todos los vecinos de la escalera han firmado apoyando a la pareja.

En el momento de meterse en ese piso -vacío por una práctica bancaria no sólo cruel, sino ilegal- con su pareja Miguel y el hijo de ambos, Dara viene de haber sufrido un desahucio brutal en el vecino barrio de San Diego. No solo silencioso, sino directamente invisible para las estadísticas de los juzgados: la joven tuvo que abandonar la vivienda, perteneciente al Banco Sabadell, por las repetidas amenazas del presidente de la comunidad de vecinos, un hombre que dijo ser teniente de la Guardia Civil. Los  golpes en la puerta y las amenazas y gritos de los policías municipales llamados por el vecino hicieron el resto. Un desahucio sin orden judicial, en presencia del menor, y efectuado pese a la voluntad del banco de regularizar a la familia en la vivienda con un alquiler social. Unas semanas antes, la familia había abandonado amistosamente otra vivienda que habitaban como inquilinos por no poder hacer frente al alquiler. Pese a la buena voluntad de la casera, una vecina del barrio, decidieron no forzar más la buena relación con ella al saber que los impagos iban a repetirse. Otro desplazamiento forzoso, otra pérdida de vivienda, sin demanda judicial de por medio e indetectable para las estadísticas de los juzgados y las notas de prensa.

Volvemos a la casa de Bankia. Tras una primera identificación, el juicio llegó rápido. Dara y Miguel eran condenados en enero por delito leve. Al no poder ingresar en tres días los 570 euros de multa, la jueza Inmaculada Martín Llanos, del juzgado penal 28 de Madrid, dicta en febrero la orden de arresto domiciliario para la pareja:45 días sin poder salir de la vivienda, sujetos al control policial diario, a cuyo término el 5 de abril se les solicita que abandonen la vivienda. En ese momento se ponen en contacto con PAH Vallekas, desde donde hoy piden un alquiler social a Bankia. Mientras, las tareas esenciales como la compra o llevar al niño al cole las hace la madre de Dara.

  • Pedimos la suspensión del procedimiento de desahucio y que Bankia les conceda un alquiler social acorde con sus ingresos.
  • Denunciamos una vez más la insuficiencia del parque público de vivienda social en la Comunidad de Madrid. Tanto el dependiente del gobierno regional (Agencia de Vivienda Social) como del Ayuntamiento de Madrid (EMVS). Pese a haber perdido su vivienda en repetidas ocasiones, y de haber solicitado vivienda de especial necesidad tanto a la AVS como a la EMVS, Dara y Miguel no han obtenido respuesta.
  • Merecen mención especial la inanidad de los dispositivos municipales relacionados con la política de vivienda al responder a estas situaciones, mucho menos extraordinarias de lo que pudiera parecer. Tanto la vía de acceso corriente a la vivienda social -desde servicios sociales hasta la EMVS- como los dispositivos denominados mediáticamente antidesahucios como la Oficina de Intermediación Hipotecaria creada por la concejala Marta Higueras han demostrado ser vías muertas. También lo han sido las intervenciones basadas en mediaciones externas de entidades, caso de la ONG e inmobiliaria Provivienda (perteneciente a la Fundación Hogar del Empleado, FUHEM), conocedora de la situación de Dara desde su desahucio violento en el barrio de San Diego.
  • Insistimos en que las situaciones de exclusión y de emergencia habitacional no cesarán sin las medidas sugeridas por la PAH y otras organizaciones, tanto en la ley de la PAH como en la Iniciativa Legislativa Popular madrileña por el derecho a la vivienda: segunda oportunidad real para los hogares endeudados, ni un desahucio más sin alternativa, parque público de vivienda en alquiler, alquiler social en los pisos pertenecientes a los grandes tenedores de vivienda y suministros garantizados.
  • En la línea de lo expuesto en la campaña La Vivienda no Es Delito, de Obra Social Madrid, denunciamos la criminalización de la pobreza y, en el contexto de nuestra Comunidad autónoma, el uso de la vía penal para perseguir las prácticas de usurpación de vivienda por necesidad. Entendemos que esta vía agrava todavía más la situación de exclusión que un primer momento ha obligado a hogares como el de Dara y Miguel a buscar por su cuenta una solución en casas vacías de los bancos.
  • La PAH Vallekas seguirá defendiendo, junto con el resto de PAHs y colectivos por el derecho a la vivienda, la legitimidad y necesidad del apoyo mutuo, la lucha colectiva y la desobediencia civil como únicas vías efectivas a medio plazo para darle la vuelta al empobrecimiento de amplias capas de población, la exclusión social y los desahucios.

 

 

¡Justicia Para Dara y Miguel!

¡Justicia en el barrio!

¡La Vivienda No es Delito!

¡Sí se puede!

 

 

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