La #SoluciónParaCharo la consiguió la PAH

La mañana del día de hoy, miércoles 17 de octubre del 2018, Charo se enfrentó al desahucio de la casa que ha sido su hogar durante más de medio siglo. Apoyada por sus compañeros, a sus 71 años de edad, lleva desde hace meses una dura lucha para poder envejecer con dignidad en un sitio que pueda llamar el suyo. Mientras las administraciones públicas se han limitado a hacer oídos sordos o falsas promesas, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Sindicato de Inquilinas & Inquilinos de Vallecas (PAH-SI VK) acaba de recuperar una vivienda digna para Charo.

                                   
Charo ha hecho su vida en la casa en la que vive desde que tenía 14 años de edad en el año 1961. En aquel entonces fue vivienda pública del Instituto Nacional de la Vivienda en medio de barro en una zona de Vallecas aún apenas habitada. Estaba en muy malas condiciones, pero poquito a poco y entre toda la familia consiguieron hacerla habitable. 
Los dueños ignoraron la ubicación exacta de su propiedad hasta pasados más de 30 años. Cuando el padre de Charo falleció y su madre se enfermó de Alzheimer, ella se quedó en la casa. Hasta el día de hoy ha abonado las cantidades que el arrendador le ha indicado – hasta el 2012, año en el que el propietario empieza a sentir que el inmueble podría servir para ganar mayores ingresos, y se planteó echarle a Charo, que había vivido allí más de 50 años. Desde entonces Charo ha luchado: primero llevando el asunto a los Juzgados, luego armándose de valor y consejos en la Plataforma, exigiendo una solución a las administraciones públicas correspondientes y, en este último tramo, recurriendo además a las Naciones Unidas. 
                                   
Desde hace tiempo Charo se encuentra en una lista de espera del Ayuntamiento y la Comunidad para de una vivienda de alquiler social, tanto en régimen general como por especial necesidad. Cuando la amenaza de su desahucio se ha hecho más presente, se ha movilizado además para exigir soluciones urgentes. A día de hoy, ninguna de las instancias públicas a las que les correspondería la responsabilidad ha podido producir otro tipo de alternativa en firme que un albergue provisional.

                                   
Señalamos la responsabilidad de todas las administraciones competentes en el desahucio de Charo y en los más de 170 que se producen diariamente en el Estado español:

                                   
  1. La administración central: Mientras se concreta si las políticas de vivienda anunciadas en el marco del acuerdo presupuestario con Podemos son algo más que buenas palabras o algo más que un nuevo saludo con sombrero ajeno -el núcleo de lo anunciado dependería de ayuntamientos y comunidades autónomas-, el Gobierno de Pedro Sánchez lleva 4 meses de retraso en atender lo que día a día va creciendo como una nueva emergencia de desahucios, con cifras comparables a la de los peores momentos de la crisis económica. Mientras, sin movilizar grandísimos recursos ni pasar por el Parlamento, el Gobierno del PSOE podría hacer tres sencillas cosas: 
  • Interesar a la abogacía del Estado en el puñado de casos en los que, a juicio del comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, el desahucio debe ser paralizado hasta que se encuentre una vivienda digna para esa persona. Así lo ha considerado el Comité Desc de la ONU en el caso de Charo y en decenas de casos más. Una implicación más efectiva de la abogacía del Estado en los juzgados donde han llegado las medidas cautelares de la ONU sería un buen primer paso para empezar a cumplir los requerimientos de la ONU y del Defensor del Pueblo y mandaría una señal fuerte sobre el fin de la tolerancia institucional a los desahucios sin alternativa.
  • Sentar ya a las entidades que han sido parte del problema, como Sareb y Bankia, para que formen parte de la solución. Con independencia y al margen del debate sobre el futuro de estas entidades, el Gobierno debe comprometer a ambas entidades a entregar, antes del final de la legislatura, un número importante de viviendas en buen estado para su uso para el alquiler social de familias vulnerables. Especialmente para forzarles a firmar convenios en aquellas autonomías donde todavía no se han firmado, como la Comunidad de Madrid. Si el Gobierno obliga a Sareb y Bankia a llevar la iniciativa, la negativa de los gobiernos autonómicos reticentes, como pudiera ser el del PP en Madrid, quedará claramente expuesta como una voluntad política contraria al derecho a la vivienda. 
  • Retirar los recursos del Gobierno de Rajoy que mantienen paralizadas las leyes de función social de vivienda aprobadas por los parlamentos autonómicos. De nuevo, una acción que no necesita del Parlamento y que sólo implica a la abogacía del Estado, pero que supondría una presión institucional añadida para que las autonomías con mayorías parlamentarias contrarias al derecho a la vivienda (como Madrid) den pasos en el sentido que demanda la ciudadanía. Más aún necesario sí el núcleo del acuerdo político entre PSOE y Podemos en el Parlamento, al menos en materia de vivienda, descansa en gran parte sobre las administraciones locales y autonómicas.

Es mentira que el Gobierno no pueda hacer nada mientras no actúe ni el Parlamento ni las autonomías. Con parecidas justificaciones, entre el marasmo de la primera oleada de desahucios masivos en 2008 pasaron desaparcibidas cuestiones hoy centrales que atañen a la iniciativa Parlamentaria e institucional del Gobierno, como el carácter ilegal del procedimiento hipotecario que desde entonces ha dejado sin casa y con deudas de por vida a cerca de medio millón de hogares. No podemos esperar otros 10 años, ni siquiera lo que quede de legislatura, el Gobierno dar pasos para actuar y el Parlamento debe legislar en el sentido marcado por la Ley de la PAH.               

2. La Comunidad de Madrid: La Agencia de Vivienda Social del Gobierno de Angel Garrido es el gran agujero negro de la política de vivienda. Sistemáticamente las solicitudes de vivienda son denegadas, también en los casos de emergencia como los desahucios. En este sentido, no consideramos creíbles las cifras de 7.000 solicitudes en lista de espera trasladadas por la consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Rosalía Gonzalo, a representantes de la PAH. La realidad es que no sólo la política de vivienda de la principal autoridad competente en la materia es inexistente, sino que también lo es su política de atención a la emergencia de desahucios por la que siguen atravesando los barrios populares. La Comunidad de Madrid gobernada por el PP es una de las regiones que no tiene firmados convenios de realojo con Sareb, ni se ha preocupado de firmar convenios relevantes con el resto de grandes tenedores de vivienda; al contrario, pone sus recursos al servicio de los fondos de inversión en los litigios que se han ido abriendo en torno a la venta ilegal de vivienda pública en la etapa de Ignacio González como presidente regional. No obstante, la equivocada autosuficiencia de los Gobiernos progresistas situados por encima (desde junio, a nivel estatal) y por debajo (especialmente el ayuntamiento de Madrid) está haciendo de pantalla del Gobierno autonómico y al PP de Madrid, que con el apoyo de Ciudadanos desarrollan una política perfectamente continuista en materia de vivienda sin apenas desgaste. 

3. El Ayuntamiento de Madrid: Durante su legislatura Ahora Madrid ha contribuido a invisibilizar el problema de vivienda, manteniendo al mismo tiempo una política orgullosa de autosuficiencia. Ante la falta de parque público municipal de vivienda, no han querido ni escuchar ni reconocer políticamente a la PAH en su señalamiento del problema, pero tampoco han querido denunciar la responsabilidad actual del gobierno autonómico del PP como prinicipal responsable de las políticas de vivienda. El caso de Charo es paradigmático: en lugar de reconocer sus limitaciones y señalar claramente la necesidad de un cambio a fondo de las políticas de vivienda, el concejal de distrito Francisco Pérez Ramos se empeñó en prometer públicamente, con las cámaras de televisión delante, lo que no podía dar, desviando así la negociación entre la Plataforma y la Comisión Judicial el día del anterior intento de desahucio. El rol de Pérez Ramos permitió fijar una fecha de aplazamiento en tan solo 30 días, dado que el concejal declaró que el Ayuntamiento le ofrecía una solución para Charo. Hoy llegamos a la fecha límite con la promesa desvanecida de la hoja de alternativas que nos envía la Junta Municipal liderada por Pérez Ramos.

Aún así, Charo no se va a quedar en la calle, ni tiene que plantearse una vida en albergues a sus 71 años. Tiene una alternativa digna, y esa solución la consiguió la PAH. Desde esta fecha vivirá en un piso recuperado, acorde a sus necesidades. Una vez más comprobamos que la ciudadanía organizada anda varios pasos por delante de las administraciones públicas cuando se trata de defender el derecho a la vivienda digna.

Y por eso decimos… ¡SÍ SE PUEDE!

Sindicato de Inquilinas e Inquilinos & Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Vallecas

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