El pasado 5 de noviembre Sumbal tuvo un primer intento de desahucio que se paró con ayuda de la Plataforma de Afectadxs por la Hipoteca de Vallekas y la Coordinadora de Vivienda de Madrid. Vivía sola con su hijo en la vivienda, y desde su reciente separación no podía hacer frente a los pagos de alquiler. El día 12 de diciembre la familia fue desahuciada, con la única alternativa de quedarse en lista de espera para una futura residencia para personas sin hogar en Rivas. Una solución que ni era inmediata, ni suficiente, ni tenía en cuenta las necesidades de la familia, al estar muy lejos del centro donde está escolarizado su hijo. El menor necesita apoyos educativos y sociosanitarios, que le son garantizados en su colegio, en el que está plenamente integrado.

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Nos quieren solas, nos encuentran juntas

Hasta que se produjera el realojo en el albergue, La Cruz Roja «ofreció» a la familia dormir en un polideportivo durante unos meses. La propuesta de la mayor ONG del Estado nos parece intolerable. Por la falta absoluta de dignidad que supone -recordemos que, sólo en 2014, Cruz Roja recibió más de 40 millones de euros directamente del IRPF-. Pero también, en un contexto en el que todos los actores políticos y económicos hablan de «recuperación», la PAH no puede aceptar alternativas como esta. La Obra Social PAH decide encontrar la solución para Sumbal Al no contar con otra solución, la familia se alojó en una habitación de una compañera de PAH Vallekas. Mientras, seguíamos tratando de encontrar vivienda en el marco de la campaña de la Obra Social de la PAH, en la que se realoja a familias que han sido desahuciadas en casas de entidades financieras y grandes tenedores para posteriormente negociar un alquiler social.

Y así lo hicimos. La PAH entró junto a Sumbal en una vivienda de las muchas que siguen vacías Vallekas. ¿Podemos preguntarnos, en serio y de una vez por todas, por qué hay familias en la calle y cada vez más pisos vacíos? La vivienda donde se quería refugiar Sumbal es propiedad de una de las inmobiliarias de CaixaBank. Un piso que lleva vacío casi un año, después del desahucio confirmado de sus inquilinas, esperando la llegada de los inversores y el turismo. La Obra Social PAH recupera esas viviendas para familias sin alternativa; como medida de emergenia pero también para denunciar que nuestros barrios se han convertido en el coto de caza de los especuladores.

Tras realojarse en la vivienda comenzamos el procedimiento para presionar a las financieras, en este caso CaixaBank, para pagar un alquiler social justo y asumible por la familia de Sumbal. Sin poder pagar un piso al precio de mercado, y sin tener ninguna alternativa institucional, una vez más tuvieron que ser las personas de la PAH y la coordinadora de vivienda de Madrid las encargadas de que en una familia no pasara otra noche más en la calle.

Pero las administraciones no sólo no dan alternativas, también impiden las pocas con las que contamos. Ayer, sábado 12 de enero, la policía entró de improviso en la casa que la Obra Social PAH había recuperado para Sumbal y su hijo y se llevó detenidas a ella y las 5 compañeras que la acompañaban, que han pasado la noche en comisaría y han sido puestas esta mañana en libertad con cargos de usurpación.

Lamentablemente, el caso de Sumbal no es un caso aislado. No ha habido un error en los protocolos, ni han fallado las derivaciones, ni se trata de una saturación puntual del sistema. Las posibles soluciones que ha encontrado Sumbal tras su desahucio son las mismas -ninguna- que se ofrecen a las 15 familias que son desahuciadas cada día en nuestra ciudad.  La única solución que vemos a la situación de extrema emergencia habitacional que vive nuestra ciudad, y tantas otras en nuestro país, es la aprobación de las cinco propuestas inlcuidas en la ley de vivienda PAH, que próximamente se debatirá en el parlamento: dación en pago, alquileres asequibles, paralización de todos los desahucios, parque de vivienda Social, y suministros básicos garantizados. Mientras tanto seguiremos defendiendo el derecho a la vivienda, aunque pueda implicar riesgos, para garantizar que toda familia tenga un techo para vivir en condiciones dignas.