• La COSAHC (Coordinadora de Sindicatos d’Habitadge de Catalunya) acudieron a las oficinas de M&P Ledesma Abogados, el bufete del fondo en Barcelona.
• La asamblea de vivienda PAH Vallekas, con el Sindicato de Inquilinos y otros colectivos, se concentraron en la sede de MaccResidencial, la gestora de alquileres del fondo en Azca.
• El gigante financiero, cuarto mayor tenedor de vivienda en España con casi 7.000 inmuebles, ha rechazado hasta ahora negociar alquileres sociales.
La acción, en la que participaron más de diez colectivos de vivienda confederados en la COSHAC, tenía como objetivo exigir una solución para las más de 40 familias que se encuentran en riesgo de perder sus viviendas. La protesta en las oficinas consiguió que el despacho aceptara abrir una vía de negociación con la Sección Sindical de Cerberus de COSHAC, con una nueva reunión prevista para los próximos días. La organización advierte de que mantendrá la movilización hasta lograr compromisos efectivos que garanticen la continuidad de las familias en sus hogares.
Cerberus no da la cara en Madrid
De forma coordinada con la acción en Barcelona, la PAH de Vallekas se concentró ante la sede de MaccResidencial / Cerberus en el distrito financiero de Azca en Madrid para exigir un alquiler social para Jenny y sus dos hijos, de 6 y 8 años, amenazados de desahucio por el fondo. Durante la acción, el fondo se negó a atender a la familia y a abrir una vía de diálogo. La PAH Vallekas exige responsabilidad social a Cerberus en cumplimiento de la función social de la vivienda de la Constitución y demanda también a las administraciones públicas que recuperen las casas de los fondos buitres para el parque público de vivienda.
El entramado de Cerberus: Opacidad, exenciones fiscales y presión sobre la vivienda
Cerberus Capital Management fue fundado en 1992 en Nueva York. Con una red de cerca de 2.000 filiales globales e instrumentales en paraísos fiscales como Luxemburgo y Países Bajos, Cerberus es el cuarto mayor tenedor residencial de España con más de 6.936 propiedades, concentrando su patrimonio en Cataluña (2.877), Madrid (2.448) y la Comunidad Valenciana (980).
La estrategia del fondo se basa en adquirir carteras masivas de deuda tóxica e hipotecas a la banca con grandes descuentos de su valor nominal, para posteriormente reclamar los pagos o ejecutar desahucios a través de procedimientos judiciales y la no renovación de los contratos de alquiler de los inmuebles. Cerberus gestiona miles de inmuebles a través de vehículos como MACC Residencial
SOCIMI, S.A. (que gestiona 4.701 viviendas), beneficiándose de una tributación al 0%
en el Impuesto de Sociedades bajo el régimen especial de SOCIMIs aprobado en 2009.
Es difícil conocer los beneficios del fondo, ya que se trata de una firma de capital privado (private equity) y gestión de inversiones alternativa que no cotiza en bolsa, por lo tanto, no está obligada a reportar esos datos. Por informes financieros e institucionales de 2025, se pueden calcular sus ingresos anuales al cierre de 2025 en una estimación de 31.400 millones de dólares (Zippia); su Volumen de Activos Bajo Gestión (AUM) en unos 85.800 millones de dólares según fuentes oficiales; las ganancias de su cofundador, el multimillonario Stephen Feinberg, ascendió a 65,6 millones de dólares en 2025 antes de desinvertir de la firma para asumir un cargo público.
Feinberg ejerce, desde marzo de 2025, como el 36.º secretario adjunto de Defensa de los Estados Unidos, el puesto número dos del Pentágono, de la mano de Trump. Ha incorporado a tantos financieros a puestos de relevancia en el Pentágono que la operación ha sido bautizada de forma informal por algunos sectores de la industria como "Deal Team 6” o la "toma de control de Cerberus", según The Wall Street Journal.
El desahucio de Cerberus a Jenni y su familia
La situación de la familia se remonta a 2021, cuando Jennifer y su marido accedieron al inmueble, ubicado en el barrio de Vallecas (Madrid), tras abonar 4.000 euros de fianza a un supuesto apoderado que resultó ser un estafador; estos hechos fueron denunciados por la propia familia en enero de 2022. Tras el fallecimiento de su marido en mayo de 2024, Jennifer asumió en soledad el cuidado de sus dos hijos. Los menores han sido diagnosticados por salud mental y están pendientes de valoración de discapacidad.
Pese a la extrema vulnerabilidad de la familia —cuyos únicos ingresos provienen del Ingreso Mínimo Vital— y tras permitir la ocupación pacífica durante casi cuatro años, Promontoria Atlas denunció a la familia por usurpación. El Juzgado de Instrucción n.º 38 de Madrid condenó a Jennifer a desalojar la vivienda, fallo confirmado en enero de 2026 por la Audiencia Provincial de Madrid.
Esta sentencia de usurpación la inhabilita para solicitar la suspensión de los desahucios aprobada recientemente, desatendiendo la necesidad de vivienda para familias cuyos ingresos no les permite acceder al mercado de alquiler en un contexto de nula vivienda pública. Muchas “okupas” son madres en familias monomarentales.
Tras la sentencia, los intentos de mediación para formalizar un alquiler social han sido rechazados por el fondo buitre, que solo ofrece como alternativa la compra del piso por 220.000 euros, una cifra inalcanzable para la familia. En julio de 2026, la entidad solicitó formalmente el lanzamiento forzoso de la vivienda.
Beneficios vs personas
Olga Matute, de 54 años y vecina de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), falleció por suicidio el 7 de septiembre de 2026, cinco meses después de ser desahuciada de su vivienda por Cerberus.
Olga había firmado una hipoteca con Banc Sabadell que, tras la crisis y una dación en pago, le concedió un alquiler social. El Sabadell, sin embargo, sabiendo de la vulnerabilidad de Olga, vendió la vivienda al fondo de inversión Cerberus (a través de su filial Promontoria Coliseum / Promontoria Real Estate) y este, como siempre hace, se negó a renovarle el contrato de alquiler social. Cerberus esgrime que su negocio es comprar y vender viviendas a corto plazo, no alquilarlas y menos conceder alquileres sociales. Tiene que vender las carteras y dar beneficios a sus inversores. Las personas
que habitan esas casas no forman parte de su negocio, son un obstáculo que las
encarecen a la hora de venderlas.
El desalojo se ejecutó el 15 de abril de 2026, a pesar de que la noche anterior (el 14 de abril) Olga había tenido que ser ingresada de urgencias en psiquiatría debido a una grave crisis con ideas autolíticas. El juzgado rechazó la suspensión del lanzamiento solicitada por su defensa (que argumentaba vulnerabilidad y salud mental, además de tener una hija menor de edad) y siguió adelante con el desahucio, llegando a abrir un expediente al abogado por mala fe procesal.
Tras perder su hogar y arrastrar un fuerte desgaste en su salud mental y situación de vulnerabilidad, Olga se quitó la vida el 7 de septiembre de 2026, tal y como denunció el Sindicat d'Habitatge de L'Hospitalet.
Llamamiento a la acción y exigencias
La vivienda tiene una función social en España según recoge la Constitución, deben acabar los negocios de fondos buitres como Cerberus que especulan con las casas con el único objetivo de enriquecerse a costa de gente que necesita las casas para vivir.
Desde los movimientos de vivienda de Madrid y de Barcelona exigimos:
- La paralización inmediata de los desahucios de todas las familias afectadas.
- La apertura de una negociación real para la firma de un alquiler social adaptado a los
ingresos de las familias. - La intervención de las administraciones públicas para frenar los abusos de los fondos de inversión sobre el parque residencial básico. Los fondos compraron tras la crisis de 2008 (cuando se perdió de hecho una ocasión histórica para ampliar el parque público) a precios de saldo; las empresas públicas de vivienda y la nueva empresa pública estatal de vivienda, Casa 47, deben recuperar todas esas viviendas para garantizar el derecho a la vivienda de todas las personas.
