Una de las medidas anunciadas por la junta en la última reunión que mantuvimos con el concejal presidente de Puente de Vallecas, Francisco Pérez, y la directora de servicios sociales de Puente de Vallecas, Leonor Santos, es el inicio de un servicio de asesoría jurídica sobre vivienda. Queríamos poner por escrito varias inquietudes y reflexiones que tocan de cerca al carácter de este tipo de dispositivo que ofrecería un seguimiento individual de los casos y un banco de pisos temporales para casos de emergencia. Este anuncio nos preocupa por los siguientes motivos:
Los dispositivos basados en la asesoría jurídica individual no avanzan en el sentido de solucionar el grave problema de vivienda y endeudamiento existente en la ciudad de Madrid y en concreto en los distritos de Puente y Villa de Vallecas, ni proporcionan herramientas de presión colectiva para cambiar esta situación. Tal y como hemos hecho público en varias ocasiones –y como es conocimiento tanto de la alcaldesa, como de la concejala Marta Higueras, la EMVS y la Junta– el nuevo dispositivo acompaña unas políticas de vivienda que apenas incrementarán el parque público disponible en Madrid con respecto al existente hace 4 años.
En este mismo período de 4 años, se han sumado nuevas emergencias a la problemática de desahucios de vivienda habitual agudizada con la crisis: venta de vivienda pública a fondos buitre, financiarización del sector del alquiler (aumento de los alquileres, entrada de nuevos actores como aseguradoras, comercializadoras y Socimis, condiciones abusivas en los contratos), desplazamiento forzoso de partes de la población debido a la turistificación del centro, aumento de las personas en situación de calle, persistencia de bolsas de infravivienda y de segregación urbana, nuevas demandas de la sociedad para la admisión de personas refugiadas debido a la crisis migratoria. Dado que son esas otras grandes políticas (vivienda pública, penalización del uso antisocial de la vivienda por parte de grandes tenedores) las que pueden sacarnos de una situación de emergencia habitacional a una situación de normalidad en el acceso a la vivienda, nos preguntamos por el sentido de un nuevo dispositivo de atención individualizada.
El servicio propuesto se suma a la ya existente Oficina de Intermediación Hipotecaria (OIH), así como a los acuerdos de esta y anteriores corporaciones con ONG como Cruz Roja, Provivienda o CEAR. Nos encontramos pues ante cuatro dispositivos de asesoría de vivienda muy similares: las asesorías aumentan, pero también las emergencias habitacionales. La experiencia acumulada de estos años, a la que se suma la creación de la OIH por parte del área de Equidad y servicios sociales, nos indica que estos dispositivos hacen una intervención de escaso impacto cuantitativo, que no genera ni consolida derechos más allá de la intervención puntual, y en lo cualitativo crean nuevos fenómenos de dependencia, oportunismo y desorientación por parte de los usuarios (dependencia, oportunismo y desorientación que tantas veces dificulta el propio trabajo de los servicios sociales). Sin organización y lucha colectiva, a falta de una mayor presión institucional, pensamos que la inmensa mayoría de los usuarios terminarán en el desánimo y el aislamiento sin ver solucionado su problema de vivienda. La OIH es un ejemplo excelente en este sentido: el escaso alcance de su intervención ha sido reconocido en privado por el propio equipo de Marta Higueras. No obstante, su existencia sí está suponiendo –así lo percibimos diariamente– una mayor desorientación para los usuarios justo en el mismo momento en que la Unión Europea declara la ilegalidad del ordenamiento hipotecario español.
Para los casos de vivienda en precario recientemente incorporados a este dispositivo, el balance es todavía más grave y desde su existencia está sirviendo de pantalla, por parte de las entidades bancarias, para eludir la presión colectiva de la PAH y grupos de vivienda. Al mismo tiempo que, desde el propio área de Equidad, se elude desde hace un año y medio convocar una mesa de diálogo con las entidades bancarias y la PAH. Del mismo modo constatamos que los realojos temporales en pisos de emergencia están aliviando presión sobre los bancos para conceder alquileres sociales en las viviendas que han ido adquiriendo consecuencia de un sistema hipotecario abusivo e ilegal. Mientras, los bancos favorecen la entrada de nuevos actores como compradores de gangas, titulizadoras y fondos de inversión con los que ni siquiera el Ayuntamiento tiene vía alguna de interlocución (al no reconocer estos actores del sector financiero a la OIH, tal y como ha manifestado públicamente Marta Higueras).
En conjunto, valoramos que un nuevo dispositivo como el descrito durante la reunión puede tener cierto impacto positivo –a corto plazo– para la imagen de la corporación municipal. Sin embargo –desde nuestro punto de vista y a medio plazo– sólo ayudará a desmovilizar y a quitar la presión sobre los bancos para que una parte sustancial de su actual parque de vivienda pase en usufructo a manos municipales. Insistimos en la pronta revaloración, a la luz de lo expuesto, del servicio de asesoría individual de la Junta Municipal.
