La llamada Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘ley mordaza’, forma parte de una estrategia política que castiga económicamente a quien protesta. Su objetivo es el de sembrar miedo y desactivar a las organizaciones. Muchos vecinos y vecinas del movimiento de vivienda de Vallecas han sido multados por intentar parar desahucios o protestar. En total más de 50.000 euros en multas en apenas un año.
El movimiento por la vivienda conoce bien la ‘ley mordaza’. Los stops desahucios, los escraches a políticos y banqueros y las ocupaciones de oficinas bancarias han sido herramientas de desobediencia que miles de personas han usado para evitar que muchas personas fueran expulsadas de sus hogares. El problema de la vivienda crece y con él las acciones de protesta.
La respuesta institucional ha sido contundente: más de 50.000 euros en sanciones en apenas un año. Multas de 600, 3.000 o incluso 30.000 euros que buscan intimidar a quienes protestan.
Los datos oficiales muestran hasta qué punto esta maquinaria sancionadora se ha normalizado. Solo en 2024 se impusieron más de 327.000 sanciones vinculadas a esta norma, un 15 % más que el año anterior. La recaudación adicional ascendió a 29 millones de euros y el total acumulado desde la entrada en vigor de la ley ronda ya los 1.500 millones.
Más grave aún es comprobar quién ha consolidado esta deriva. El autodenominado Gobierno progresista prometió derogar la ‘ley mordaza’ nada más comenzar su mandato. PSOE, Sumar, Podemos o ERC hicieron de ello una bandera electoral. Sin embargo, tras años de promesas, continúa intacta y las sanciones no han dejado de aumentar. No solo no se desmontó el andamiaje represivo heredado del Partido Popular, sino que se ha profundizado en él con nuevas herramientas de vigilancia y control digital.
Cuestión política
La cuestión de fondo es profundamente política. Mientras crecen los beneficios de bancos y rentistas, mientras se disparan los alquileres y aumenta la precariedad, el Estado responde criminalizando a quienes se organizan para defender condiciones de vida dignas frente a la explotación.
Se hace necesario construir redes de solidaridad y desobediencia capaces de hacer ineficaz la represión. Recurrir colectivamente las sanciones, saturar la administración, sostener cajas de resistencia y acompañar a las personas represaliadas son tareas fundamentales.
La derogación completa de la ‘ley mordaza’, la amnistía de todas las causas y la devolución de las multas cobradas injustamente deberían ser exigencias básicas.
En un barrio como Vallecas, donde la solidaridad, la lucha y la organización recorren todo tipo de movilizaciones por la vivienda, por la educación y la sanidad públicas debemos apoyarnos para defender nuestro derecho a la protesta y a la desobediencia, ya que esos dos ingredientes son los que levantaron estos barrios del sureste madrileño.
