La PAH de Vallecas considera que la sentencia crea un precedente legal contra el modelo de funcionamiento de los gestores público-privados de vivienda social y asequible, y cuestiona la coherencia de los decretos del Gobierno: “dicen que quieren contratos indefinidos y no lo aplican ni en los alquileres que serán traspasados a Casa 47”.
Así funcionan los cláusulas abusivas de Sareb: el ‘banco malo’ reclamó hasta 10.000 euros de deuda en un año a una inquilina que no había dejado de pagar ni un recibo
Madrid, 8 de octubre. En pleno debate sobre la vivienda, el juzgado número 88 de Madrid ha dado la razón a una inquilina de Sareb en su demanda de cláusulas abusivas contra el ‘banco malo’: en una sentencia que declara nulas total o parcialmente cuatro apartados de los contratos de alquiler social del ‘banco malo’, cuyo traspaso a la empresa pública de vivienda, Casa 47, está previsto para 2027.
El juzgado da la razón a la inquilina y a la PAH de Vallecas, impulsoras de la demanda, y declara nulas en su totalidad las cláusulas de bonificación y acompañamiento social (en realidad una sola cláusula unida condicionalmente, como destaca el juzgado), y la cláusula de penalización por falta de desalojo, mientras anula parcialmente disposiciones de las cláusulas de reclamación al inquilino de gastos y costas judiciales, por un lado, y del apartado que permite las visitas de la propiedad al domicilio.
En sus consideraciones preliminares, el magistrado que firma la sentencia considera probado que ninguna de estas cláusulas fue negociada libremente e individualmente, y destaca que se trata de “un clausulado uniforme, propio de un modelo de contratación en masa, redactado unilateralmente por la arrendadora en el marco de un programa estandarizado de arrendamiento”. La Sareb asegura tener bajo estos programas cerca de 10.000 contratos.
La sentencia argumenta que la retirada de la llamada bonificación en este tipo de contratos “no constituye recuperación de un precio ordinario sino elevación efectiva de la renta dentro de la vigencia del contrato”, algo que la asamblea de vivienda vallecana lleva denunciando en los últimos años. “El artículo 18.1 LAU permite la actualización de la renta durante dicha vigencia únicamente en los términos pactados y, en todo caso, con el límite de la variación porcentual del Índice de Precios al Consumo”, señala el escrito judicial, que abunda: ”Un mecanismo que permite elevar la contraprestación en la proporción indicada por la falta de aportación de un documento no constituye actualización, sino incremento encubierto de la renta [...] sancionado con nulidad por el artículo 6 LAU”.
En el caso concreto en litigio, Giselli M, miembro de la PAH Vallekas, vió cómo la Sareb le retiró la llamada bonificación de su contrato, sin explicación alguna, pasado el primer año como inquilina de la vivienda, tras lo cual el banco malo pasó a reclamarle diferentes cantidades -de hasta 10.000 euros- en concepto de deuda, sin que ella hubiera dejado de pagar un solo recibo de su alquiler social. Bajo esta presión, impuso a la inquilina un nuevo contrato que ya incluía el llamado acompañamiento social, una fórmula usada por Sareb para convertir en alquileres de mercado los alquileres sociales, bajo la lógica de que un mejor empleo o mayores ingresos permite al banco malo cobrar un alquiler más alto.
La sentencia declara nulo igualmente este anexo de acompañamiento social, por someter “a la arrendataria a un plan de actuación y a un seguimiento continuado sobre su esfera personal como condición del disfrute de la vivienda”; imponer la renuncia anticipada a los derechos del contrato si la inquilina resulta adjudicataria de vivienda pública; obligar a “una autorización genérica e indeterminada de cesión y obtención de datos personales ante las administraciones públicas” como condición de mantenimiento del propio contrato; y por reservarse la arrendadora la facultad de rescindir el acuerdo por «otras causas vinculadas a la no colaboración» de la beneficiaria.
Un modelo en entredicho
La PAH de Vallekas considera la sentencia “un golpe al modelo de gestión de vivienda social y asequible público-privada que están impulsando las distintas administraciones, con el Gobierno progresista a la cabeza”. En palabras de Mercedes López, portavoz de PAH Vallekas, en rueda de prensa esta mañana frente a la sede de Casa 47 en Madrid, “la sentencia llega justo cuando el movimiento de vivienda presiona por la obligatoriedad de que los contratos de alquiler sean indefinidos”, algo que, ha precisado, las cláusulas como las que aplican Sareb y sus mediadoras convierte en “papel mojado”. “¿De qué nos sirve que nos hagan contratos que, sobre el papel, son por 7 años o incluso indefinidos, si en cualquier momento nos los pueden rescindir por haber firmado un acompañamiento social?”.
Este tipo de cláusulas son habituales en los contratos de alquiler social firmados por algunos bancos tras la crisis de las hipotecas de 2008. Además de Sareb, entidades como Azora, Fidere, el banco Sabadell o Caixabank las incluyen en sus contratos, acompañadas en ocasiones por la participación obligatoria en un programa llamado de acompañamiento social. “No queremos que se cree un mercado dual del alquiler: uno, con derechos, topes de renta y contratos indefinidos para los inquilinos de clase media, y otro con subidas encubiertas del alquiler, control social y rotación, para quienes de una forma u otra estamos siempre al borde del impago”, ha insistido, recordando que el 80% de los desalojos que prepara la AVS de la Comunidad de Madrid son por impago del alquiler social. PAH Vallekas quiere que el traspaso de viviendas a Casa 47 se haga sin empresas mediadoras, con la retirada de las cláusulas y el horizonte de un alquiler social universal e indefinido.
Bus de luchas: Desalojo del bloc La Moreneta (Sareb)
La PAH de Vallecas ha anunciado este triunfo judicial frente a la sede de Casa 47, la futura empresa pública estatal de la vivienda, como punto final de una serie de concentraciones que ha realizado la mañana del jueves 8 en diferentes sedes de gestores de vivienda pública y social: Provivienda, la AVS de la comunidad de Madrid, la EMVS del ayuntamiento de Madrid y Caixabank. Entre los asistentes a las concentraciones, se encontraban vecinas y vecinos del bloc La Moreneta, un bloque recuperado por la PAH de Baix Montseny (Barcelona) con amenaza de desalojo abierta por parte de Sareb a partir del 26 de octubre, tras quedar previsiblemente excluido de los acuerdos de traspaso de inmuebles de la Sareb a manos públicas. PAH Baix Montseny demanda la regularización inmediata del bloque y sus 60 habitantes.
Bloques de Caixabank
También asistentes al bus de luchas de la PAH de Vallecas se encontraban vecinos y vecinas de los bloques de la antigua Obra Social La Caixa en Vallecas, Vicálvaro y Pinto, más de 500 viviendas que la actual Caixabank ha vendido a diferentes empresas inversoras que ya han comunicado la no renovación de los contratos. El pasado 23 de diciembre tuvo lugar el desahucio de David, el primero de los vecinos en ser expulsado de su casa. Los vecinos demandan la continuación de los contratos en las viviendas, así como una negociación con las administraciones y Caixabank para que las viviendas pasen a formar parte del parque público de vivienda.
PAH Vallekas-Asamblea de Vivienda de Vallecas
