La campaña #CañadaSeQueda ha convocado una gran marcha a la Cañada Real Galiana el próximo 31 de enero, en un contexto marcado por la intensificación de los derribos de viviendas y por las primeras suspensiones cautelares acordadas por los juzgados, que refuerzan las demandas vecinales para frenar la demolición del barrio y exigir soluciones habitacionales dignas.
La movilización, impulsada por la asociación de mujeres Tabadol, junto a La Laboratoria y la PAH Vallekas, tiene como objetivo denunciar la violencia institucional que sufren las familias de la Cañada desde hace años, reclamar la cesión de los terrenos y lanzar un mensaje claro: la Cañada Real es un barrio más de Madrid y de Vallecas.
En las últimas semanas, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid ha acordado la suspensión cautelar de la orden de demolición de dos viviendas del Sector 6, por considerarlas domicilios habituales de las demandantes y por la irreparabilidad del perjuicio que ocasionaría la ejecución del derribo. La suspensión se mantendrá hasta que se dicte sentencia firme que ponga fin al proceso judicial.
Estas resoluciones son las primeras de las medidas cautelarísimas interpuestas por nueve familias del Sector 6, organizadas en la asociación Tabadol. La mayoría de los casos han recaído en el Juzgado número 6 de lo Contencioso-Administrativo. Desde PAH Vallekas y La Laboratoria esperan que las próximas decisiones judiciales sigan esta misma línea favorable.
Al menos 12 mujeres de Tabadol habrían recibido ya cartas con fechas inminentes de derribo de sus viviendas.
Desde Tabadol denuncian que el actual proceso de realojo y demolición se ha acelerado en los últimos meses, en paralelo a los desarrollos urbanísticos de la zona, como Los Berrocales.
“En 2017 se firmó el Pacto Regional de la Cañada Real, que hablaba de soluciones, diálogo y derechos. Pero lo que hemos vivido desde entonces —y mucho antes— han sido derribos, amenazas y violencia institucional”, explica Houda Akrikez, portavoz de Tabadol.
Los derribos comenzaron en 2007 y, según diversas investigaciones, más de 150 viviendas han sido demolidas en la Cañada Real, en muchos casos sin orden judicial.
“Esto no es un error puntual, es una práctica sistemática. Se destruyen viviendas, se rompen vidas y se utiliza el miedo como forma de gestión del territorio”.
A esta situación se suma que desde octubre de 2020 el Sector 6 sufre un corte de suministro eléctrico, que llevó al Consejo de Europa a condenar al Estado español por vulneración de derechos humanos.
Las condiciones impuestas para acceder al realojo —como acreditar residencia anterior a diciembre de 2011— dejan fuera a la mayoría de las familias. Según las estimaciones de Tabadol, solo un 20% podría optar a una alternativa habitacional.
Desde hace meses, las mujeres de Tabadol, en su mayoría de origen marroquí, se organizan para evitar los desalojos y permanecer en el barrio. Además de los recursos legales para paralizar los derribos —apoyándose en precedentes como la inhabilitación de un funcionario por un derribo ilegal en 2022— preparan una gran movilización el próximo 31 de enero.
Con esta campaña exigen la cesión de los terrenos, infraestructuras básicas y el reconocimiento pleno de la Cañada Real como barrio.
Desde La Laboratoria señalan que la lucha de las mujeres de Tabadol es una lucha por el derecho a la ciudad:
“Entroca con la historia de los barrios del sur de Madrid en los años 70 y 80. Frente a quienes quieren presentar la Cañada como un lugar que debe ser borrado del mapa, ellas muestran un tejido vivo, organizado y con arraigo”.
Desde PAH Vallekas celebran las primeras suspensiones cautelares como un avance de una campaña que consideran estratégica para el movimiento de vivienda:
“Los mismos que nos desahucian en otros barrios de Madrid tienen intereses aquí. Bancos, grandes promotoras y ayuntamientos. Los inversores no quieren vistas a la Cañada. Habrá que decirles bien alto que ni aquí ni en ningún barrio queremos modelos de ciudad que nos expulsan y nos desarraigan”.
La campaña #CañadaSeQueda llama a participar en la marcha del 31 de enero para frenar los derribos, defender el derecho a permanecer en el barrio y exigir una ciudad que no expulse a quienes la habitan.
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