La familia de Carmen, la mujer de 85 años desahuciada el viernes en Villa de Vallecas (Madrid) niega que el ayuntamiento le haya ofrecido una vivienda antes de su desahucio y rechaza que la mujer sea alojada en una residencia.
La PAH insiste en que el problema de Carmen no es aislado y reclama a las administraciones implicadas y a la SAREB una reunión para trasladar sus reivindicaciones sobre el uso de los pisos vacíos.
Tanto Ana Botella como el Ministerio de Economía siguen afirmando en los medios de comunicación que han ofrecido una solución habitacional para Carmen, la vecina de 85 años de Villa de Vallecas, desahuciada de su casa el pasado viernes. El ayuntamiento de Madrid ha afirmado en una nota de prensa que a través de servicios sociales ofreció a Carmen la posibilidad de mudarse a un piso tutelado o a una residencia antes de su desahucio. La familia desmiente que lo primero sea cierto y señala que, en una reunión el 14 de noviembre en el centro de servicios sociales de la calle Peña Veiga, la trabajadora social les reconoció que no había pisos disponibles para realojos y se limitó a ofrecerles el traslado de Carmen a una residencia de mayores.
Resultan sorprendentes estas declaraciones que interpretamos como una respuesta al eco de un caso mediático más que como intención de las instituciones de resolver los problemas de Carmen, su familia y los miles de casos iguales en todo el Estado. Como viene siendo habitual el Ayuntamiento, ante los desahucios que suceden diariamente en la ciudad de Madrid, no ofrece ningún tipo de respuesta e ignora este grave problema reiteradamente. Resulta aún más sorprendente esta actitud del consistorio de Ana Botella cuando es sabido que está liquidando la poca vivienda pública que tenía disponible la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS). Una disparidad entre la realidad y la propaganda tristemente común: hoy hemos sabido que el ministerio de Economía, que también ha afirmado que entregará una vivienda a nuestra vecina Carmen, ha otorgado tan solo 400 de las 6.000 viviendas que preveía en el Fondo Social de Vivienda creado para familias de especial vulnerabilidad.
La realidad a la que nos enfrentamos en el día a día es que ambas administraciones están siendo incapaces de hacer frente al drama de los desahucios. A día de hoy no existe ninguna medida preventiva que trate de evitar los desahucios, un primer paso para remediar esta situación de emergencia habitacional y garantizar la protección de los derechos humanos.
Consideramos que en lugar de vender medidas falsas, insuficientes e inútiles a la prensa, el Ministerio de Economía como el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid deban responder a la solicitud de la PAH de reunirse con ellos para establecer medidas reales para llegar al objetivo de paralización de los desahucios y gestión de los realojos de las personas desahuciadas o con necesidades habitacionales en los miles de pisos vacíos existentes.
La SAREB, dependiente del Ministerio de Economía, posee actualmente 70.000 viviendas vacías, una cifra considerable entre el total de más de 800.000 pisos vacíos de los bancos rescatados con dinero público. La PAH exige que estos pisos vacíos sean puestos inmediatamente en alquiler social para aquellas personas que lo necesiten. Nueve de estos bloques de SAREB han sido recuperados por la PAH en Catalunya, Madrid y Valencia, dentro de su campaña Obra Social de la PAH. Hasta ahora el banco malo, una entidad pública, junto al ministerio de Economía tan solo han hecho oídos sordos a las repetidas tomas de contacto de La PAH para buscar soluciones a la emergencia habitacional.
