Las cláusulas abusivas de los alquileres de Sareb, al banquillo: el lunes 21 declaran directivos del ‘banco malo’ y de su mediadora Servihabitat
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17 de septiembre de 20267 min de lectura

Las cláusulas abusivas de los alquileres de Sareb, al banquillo: el lunes 21 declaran directivos del ‘banco malo’ y de su mediadora Servihabitat

Madrid, 16 de septiembre. Pau Pérez de Acha, director de Relaciones institucionales y de vivienda asequible de Sareb, tendrá que dar explicaciones este lunes 21 de septiembre por las cláusulas abusivas presentes en los contratos de alquiler social de la entidad, que permiten subidas encubiertas del alquiler e imponen a los inquilinos un régimen de visitas y de penalizaciones abusivas. El juzgado número 88 de Madrid ha citado a Pérez de Acha y a tres cargos más de Sareb y de su mediadora Servihabitat en la vista pública de la demanda interpuesta por la PAH Vallekas por cuatro cláusulas abusivas en un contrato de alquiler social.

La demanda considera que la existencia de la llamada cláusula de bonificación en el contrato de una asociada de PAH Vallekas, Gisselli, permitió que en tan solo un año su alquiler social pasara a ser de mercado, lo cual generó una reclamación de deuda de 10.000 euros en tan solo un año de contrato, pese a que la inquilina no había dejado de pagar ni un solo mes de su alquiler. Además, PAH Vallekas pedirá la nulidad de las cláusulas de penalización, obligación de visitas por parte de la propiedad y imposición de gastos y costas judiciales y extrajudiciales, presentes, como detalla la organización por el derecho a la vivienda, en la totalidad de los contratos de alquiler social que Sareb ha ido firmando todos estos años, y cuyo traspaso a la empresa pública de vivienda Casa 47 está previsto para el año 2027.
El juzgado estimó en febrero de este año la petición de testificales de PAH Vallekas, con las declaraciones de Pérez de Acha y otras tres empleadas de Sareb y Servihabitat. PAH Vallekas considera a Pérez de Acha el impulsor de la optimización de los procesos de desalojo y puesta en el mercado de decenas de miles de viviendas de la Sareb, y en su día de la entidad Sogeviso dependiente del Banco Sabadell, a través del entramado de empresas mediadoras y procuradores judiciales por los que el ‘banco malo’ ha ejecutado miles de procesos de desahucio cuya guinda era la firma, en algunos casos, de alquileres sociales repletos de cláusulas abusivas que permiten la puesta en el mercado de esas mismas viviendas, bien mediante su venta o bien mediante la subida del alquiler a precios de mercado.

Además de Pérez de Acha, declararán la responsable de gestión de alquiler social y asequible de Sareb, Sonia Fernández Castro, la responsable de riesgo reputacional de Servihabitat, Milagros Gutiérrez Moraleda, y Victoria Nieto Martínez, directora de gestión de vivienda asequible de Servihabitat. Por parte de PAH Vallekas, declararán, además de la demandante, uno de los interlocutores con Sareb para la firma del alquiler de Giselli, así como otra inquilina de Sareb con iguales cláusulas abusivas y reclamaciones ilegítimas de deuda por parte de la entidad. PAH Vallekas argumenta en su demanda que el contrato no fue firmado libremente al existir una amenaza de desahucio, práctica que define como sistemática por parte de la entidad.

A lo largo de 2027 está previsto el traspaso de las viviendas de Sareb que ya cuentan con alquiler social –en torno a las 10.000, según la entidad- a la empresa pública de vivienda, Casa 47. La PAH Vallekas pide tanto a Sareb como a Casa 47 la retirada de las cláusulas abusivas en los contratos, así como la eliminación de las empresas mediadoras que seguirán gestionando el futuro parque de vivienda estatal, ante la falta de estructura e implantación territorial de Casa 47. La organización también ha anunciado que interpondrá nuevas demandas judiciales por cláusulas abusivas.
Unas cláusulas que convierten en papel mojado la idea de contrato

Bonificación: Los contratos de Sareb incluyen dos precios, uno, el de mercado, y otro, el “bonificado”, que es propiamente el alquiler social. Esta cláusula permite que, en cualquier momento de la vida del alquiler, este suba hasta alcanzar el precio de mercado. En teoría, esto se hace anualmente tras una evaluación de las mediadoras, algo que ya convierte en papel mojado la regulación de alquileres, que establece el periodo de protección sin subidas de renta al margen del IPC en 7 años si la arrendadora es una empresa. Además, la experiencia de PAH Vallekas incluye subidas completamente desligadas de los supuestos procesos de evaluación y de sus tiempos anuales. Las denominadas bonificaciones son habituales en contratos de alquiler efectuados por otras propiedades, como en el caso del fondo Azora, cuyos contratos han sido llevados a juicio por el Sindicat de Llogaters i Llogateres de Cataluña.”Si nadie pone la diferencia, no hay bonificación alguna, es una manera de burlar la LAU para condicionar el alquiler social y justificar la existencia de las empresas mediadoras”, señala López.

Acompañamiento social: Los contratos de alquiler social de Sareb están condicionados, durante los primeros tres años, a participar en un supuesto programa de acompañamiento social cuyo objetivo es literalmente subir los ingresos del hogar para, en consecuencia, subirle el alquiler dentro del contrato. El anexo incluido en los contratos fija claramente la obligación de participar en este programa, y vincula la permanencia del propio alquiler social a atender los requerimientos derivados de este anexo. En su escrito de respuesta a la demanda, Sareb asegura que esta y otras cláusulas son negociadas libremente, algo que la PAH niega categóricamente, dado que la firma de todos los contratos de alquiler social de la Sareb está vinculada a procesos de desalojo de la vivienda. Junto a esta realidad contractual, los inquilinos de Sareb informan de una serie prácticas por parte de Sareb y sus mediadoras, como las visitas sin previo aviso, las llamadas desde teléfonos particulares -algo especialmente grave dado que parte de la plantilla que desarrolla estos programas son trabajadores autónomos-, o las subidas encubiertas del alquiler sin nexo con ninguna intervención concreta del acompañamiento social. “Queremos dejar claro que los inquilinos de Sareb no deseamos un mejor funcionamiento del acompañamiento social, sino su desaparición. Su objetivo no es beneficiarnos a nosotros, sino subirnos el alquiler y, sobre todo, dar trabajo a la creciente industria que vive de la mediación en el mercado del alquiler”, señala López.

En este sentido, la llamada a declarar a Pau Pérez de Acha es especialmente significativa para la PAH, dado que este ejecutivo de Sareb fue el responsable de introducir este tipo de programas durante su etapa en Sogeviso, un gestor de recuperación de viviendas e impagados en su día propiedad del banco Sabadell. “Las propias declaraciones de Acha ante la prensa destacan que el objetivo del programa es puramente pragmático: la optimización de los alquileres sociales y su puesta en el mercado en un entorno en el que políticamente era complicado efectuar miles de desahucios y a la vez Sareb tenía que poner en valor todas sus viviendas en cartera”. Con la gestión privada de Casa 47, el peligro es que el modelo Sogeviso de optimización de inmuebles de Pérez de Acha se trasplante sin más a la nueva empresa, como indican los antecedentes y el perfil de todas y cada una de las empresas que se han presentado al concurso. En pleno proceso, la mediadora Servihabitat ha sido comprada por el fondo Hipoges, al que el gobierno ya había concedido junto a Blackstone el contrato de comercialización de las viviendas más rentables de Sareb.

Además, la PAH Vallekas ha pedido la nulidad de la cláusula de penalización por falta de desalojo, que castiga al inquilino con una penalización de un día de renta en caso de su permanencia en el domicilio si se encontrara fuera de contrato; la cláusula que regula la facultad de acceso al domicilio por parte del arrendador, y la imposición de costas judiciales y extrajudiciales, incluida por los servicios legales de Sareb a sabiendas de la alta litigiosidad a la que se exponen por su bolsa precaria de alquileres.
Vista pública: lunes 21 de septiembre, 09.00 horas, juzgado 88 de Madrid, calle Rosario Pino, 5
Concentración y declaraciones a prensa tras la vista: juzgados de Plaza Castilla, 10h, Plaza Castilla, 1.

PAH Vallekas – Asamblea de Vivienda de Vallecas

Prensa: Diego Sanz 639 57 13 59

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