En total, 19 hogares y 35 personas se encuentran sin acceso a agua entre los dos bloques. En ellos viven personas en situación de especial vulnerabilidad, como 10 menores de edad, una persona mayor de 70 años y tres enfermas crónicas. Desde la PAH denunciamos que esta situación se viene prolongando desde hace años, pese a que está en conocimiento tanto de las entidades propietarias de los bloques, con las que seguimos intentando negociar un alquiler social, como de las distintas administraciones afectadas, entre ellas el Canal de Isabel II, que se ha negado repetidas veces a regularizar el suministro de agua por motivos burocráticos.
Los habitantes de estos bloques, organizados en la PAH Vallekas, no estamos pidiendo ni caridad ni ayuda pública alguna. Somos capaces de sufragar nuestro suministro de agua, que en Madrid –pese a los intentos de privatización y control financiero– sigue siendo un recurso público de coste relativamente barato. Pedimos lo más básico: que mientras nos encontremos en situación irregular, se nos reconozca como a cualquier miembro de la comunidad de vecinos el derecho a contratar suministros. No puede ser que entidades privadas como las compañias de telecomunicaciones no nos pongan ninguna traba para contratar teléfono e internet y que una empresa pública como sigue siendo en su mayoría el Canal de Isabel II se niegue ni siquiera a recibirnos para estudiar vías legales que permitan el suministro regular y legal de este bien.
A este respecto, denunciamos la lentitud y las promesas incumplidas del concejal presidente de Puente de Vallecas, Francisco Pérez Ramos. Desde su llegada al ayuntamiento se le ha puesto en conocimiento la situación global de estos bloques, incluido el estado de sus suministros y las reivindicaciones concretas al respecto. En la última reunión, celebrada en el mes de julio, el concejal se comprometió en dos aspectos: mediar con el Canal de Isabel II –principal responsable de la situación– para que estime la regularización del suministro sin coste alguno para la administración ni para la empresa. Y por otro lado, instalar mientras tanto fuentes públicas en las cercanías de ambos edificios, medida que redunda en beneficio de todo el vecindario y que debería hacerse con independencia de la situación de los bloques afectados.
El gobierno municipal de Ahora Madrid firmó el pasado 4 de noviembre las conclusiones del Encuentro de Ciudades por el Agua Pública, que entre otros aspectos considera el agua como un bien común y su provisión como un derecho humano, "entendido éste como un derecho a una provisión de servicios de abastecimiento y saneamiento que debe ser garantizada por la administración pública", en que "los operadores públicos deben asumir consecuentemente los criterios generales, normativos y específicos del derecho humano al agua y al saneamiento en lo que atañe a la equidad y universalidad del servicio y a prohibir los cortes de agua a los hogares en situación de vulnerabilidad social". Es hora de que el ayuntamiento haga realidad estas intenciones empezando por lo más inmediato: las vecinos y vecinos de barrios empobrecidos como Puente de Vallecas.
Estos días los cortes de suministro y la pobreza vuelven a ser noticia por la muerte de una mujer anciana en Reus. Desde la PAH siempre hemos trabajado por cambiar las leyes no solo para evitar los desahucios sino también estos cortes, porque ponen en peligro la salud y la vida de decenas de miles de personas en este país. Mientras estos cambios legislativos por la vivienda y los suministros se hacen realidad, seguiremos presionando a las administraciones y las empresas con nuestras mejores armas: la solidaridad, la desobediencia a las leyes injustas y el apoyo mutuo.
