La #SoluciónParaCharo la consiguió la PAH

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La mañana del día de hoy, miércoles 17 de octubre del 2018, Charo se enfrentó al desahucio de la casa que ha sido su hogar durante más de medio siglo. Apoyada por sus compañeros, a sus 71 años de edad, lleva desde hace meses una dura lucha para poder envejecer con dignidad en un sitio que pueda llamar el suyo. Mientras las administraciones públicas se han limitado a hacer oídos sordos o falsas promesas, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Sindicato de Inquilinas & Inquilinos de Vallecas (PAH-SI VK) acaba de recuperar una vivienda digna para Charo.

                                   
Charo ha hecho su vida en la casa en la que vive desde que tenía 14 años de edad en el año 1961. En aquel entonces fue vivienda pública del Instituto Nacional de la Vivienda en medio de barro en una zona de Vallecas aún apenas habitada. Estaba en muy malas condiciones, pero poquito a poco y entre toda la familia consiguieron hacerla habitable. 
Los dueños ignoraron la ubicación exacta de su propiedad hasta pasados más de 30 años. Cuando el padre de Charo falleció y su madre se enfermó de Alzheimer, ella se quedó en la casa. Hasta el día de hoy ha abonado las cantidades que el arrendador le ha indicado – hasta el 2012, año en el que el propietario empieza a sentir que el inmueble podría servir para ganar mayores ingresos, y se planteó echarle a Charo, que había vivido allí más de 50 años. Desde entonces Charo ha luchado: primero llevando el asunto a los Juzgados, luego armándose de valor y consejos en la Plataforma, exigiendo una solución a las administraciones públicas correspondientes y, en este último tramo, recurriendo además a las Naciones Unidas. 
                                   
Desde hace tiempo Charo se encuentra en una lista de espera del Ayuntamiento y la Comunidad para de una vivienda de alquiler social, tanto en régimen general como por especial necesidad. Cuando la amenaza de su desahucio se ha hecho más presente, se ha movilizado además para exigir soluciones urgentes. A día de hoy, ninguna de las instancias públicas a las que les correspondería la responsabilidad ha podido producir otro tipo de alternativa en firme que un albergue provisional.

                                   
Señalamos la responsabilidad de todas las administraciones competentes en el desahucio de Charo y en los más de 170 que se producen diariamente en el Estado español:

                                   
  1. La administración central: Mientras se concreta si las políticas de vivienda anunciadas en el marco del acuerdo presupuestario con Podemos son algo más que buenas palabras o algo más que un nuevo saludo con sombrero ajeno -el núcleo de lo anunciado dependería de ayuntamientos y comunidades autónomas-, el Gobierno de Pedro Sánchez lleva 4 meses de retraso en atender lo que día a día va creciendo como una nueva emergencia de desahucios, con cifras comparables a la de los peores momentos de la crisis económica. Mientras, sin movilizar grandísimos recursos ni pasar por el Parlamento, el Gobierno del PSOE podría hacer tres sencillas cosas: 
  • Interesar a la abogacía del Estado en el puñado de casos en los que, a juicio del comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, el desahucio debe ser paralizado hasta que se encuentre una vivienda digna para esa persona. Así lo ha considerado el Comité Desc de la ONU en el caso de Charo y en decenas de casos más. Una implicación más efectiva de la abogacía del Estado en los juzgados donde han llegado las medidas cautelares de la ONU sería un buen primer paso para empezar a cumplir los requerimientos de la ONU y del Defensor del Pueblo y mandaría una señal fuerte sobre el fin de la tolerancia institucional a los desahucios sin alternativa.
  • Sentar ya a las entidades que han sido parte del problema, como Sareb y Bankia, para que formen parte de la solución. Con independencia y al margen del debate sobre el futuro de estas entidades, el Gobierno debe comprometer a ambas entidades a entregar, antes del final de la legislatura, un número importante de viviendas en buen estado para su uso para el alquiler social de familias vulnerables. Especialmente para forzarles a firmar convenios en aquellas autonomías donde todavía no se han firmado, como la Comunidad de Madrid. Si el Gobierno obliga a Sareb y Bankia a llevar la iniciativa, la negativa de los gobiernos autonómicos reticentes, como pudiera ser el del PP en Madrid, quedará claramente expuesta como una voluntad política contraria al derecho a la vivienda. 
  • Retirar los recursos del Gobierno de Rajoy que mantienen paralizadas las leyes de función social de vivienda aprobadas por los parlamentos autonómicos. De nuevo, una acción que no necesita del Parlamento y que sólo implica a la abogacía del Estado, pero que supondría una presión institucional añadida para que las autonomías con mayorías parlamentarias contrarias al derecho a la vivienda (como Madrid) den pasos en el sentido que demanda la ciudadanía. Más aún necesario sí el núcleo del acuerdo político entre PSOE y Podemos en el Parlamento, al menos en materia de vivienda, descansa en gran parte sobre las administraciones locales y autonómicas.

Es mentira que el Gobierno no pueda hacer nada mientras no actúe ni el Parlamento ni las autonomías. Con parecidas justificaciones, entre el marasmo de la primera oleada de desahucios masivos en 2008 pasaron desaparcibidas cuestiones hoy centrales que atañen a la iniciativa Parlamentaria e institucional del Gobierno, como el carácter ilegal del procedimiento hipotecario que desde entonces ha dejado sin casa y con deudas de por vida a cerca de medio millón de hogares. No podemos esperar otros 10 años, ni siquiera lo que quede de legislatura, el Gobierno dar pasos para actuar y el Parlamento debe legislar en el sentido marcado por la Ley de la PAH.               

2. La Comunidad de Madrid: La Agencia de Vivienda Social del Gobierno de Angel Garrido es el gran agujero negro de la política de vivienda. Sistemáticamente las solicitudes de vivienda son denegadas, también en los casos de emergencia como los desahucios. En este sentido, no consideramos creíbles las cifras de 7.000 solicitudes en lista de espera trasladadas por la consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Rosalía Gonzalo, a representantes de la PAH. La realidad es que no sólo la política de vivienda de la principal autoridad competente en la materia es inexistente, sino que también lo es su política de atención a la emergencia de desahucios por la que siguen atravesando los barrios populares. La Comunidad de Madrid gobernada por el PP es una de las regiones que no tiene firmados convenios de realojo con Sareb, ni se ha preocupado de firmar convenios relevantes con el resto de grandes tenedores de vivienda; al contrario, pone sus recursos al servicio de los fondos de inversión en los litigios que se han ido abriendo en torno a la venta ilegal de vivienda pública en la etapa de Ignacio González como presidente regional. No obstante, la equivocada autosuficiencia de los Gobiernos progresistas situados por encima (desde junio, a nivel estatal) y por debajo (especialmente el ayuntamiento de Madrid) está haciendo de pantalla del Gobierno autonómico y al PP de Madrid, que con el apoyo de Ciudadanos desarrollan una política perfectamente continuista en materia de vivienda sin apenas desgaste. 

3. El Ayuntamiento de Madrid: Durante su legislatura Ahora Madrid ha contribuido a invisibilizar el problema de vivienda, manteniendo al mismo tiempo una política orgullosa de autosuficiencia. Ante la falta de parque público municipal de vivienda, no han querido ni escuchar ni reconocer políticamente a la PAH en su señalamiento del problema, pero tampoco han querido denunciar la responsabilidad actual del gobierno autonómico del PP como prinicipal responsable de las políticas de vivienda. El caso de Charo es paradigmático: en lugar de reconocer sus limitaciones y señalar claramente la necesidad de un cambio a fondo de las políticas de vivienda, el concejal de distrito Francisco Pérez Ramos se empeñó en prometer públicamente, con las cámaras de televisión delante, lo que no podía dar, desviando así la negociación entre la Plataforma y la Comisión Judicial el día del anterior intento de desahucio. El rol de Pérez Ramos permitió fijar una fecha de aplazamiento en tan solo 30 días, dado que el concejal declaró que el Ayuntamiento le ofrecía una solución para Charo. Hoy llegamos a la fecha límite con la promesa desvanecida de la hoja de alternativas que nos envía la Junta Municipal liderada por Pérez Ramos.

Aún así, Charo no se va a quedar en la calle, ni tiene que plantearse una vida en albergues a sus 71 años. Tiene una alternativa digna, y esa solución la consiguió la PAH. Desde esta fecha vivirá en un piso recuperado, acorde a sus necesidades. Una vez más comprobamos que la ciudadanía organizada anda varios pasos por delante de las administraciones públicas cuando se trata de defender el derecho a la vivienda digna.

Y por eso decimos… ¡SÍ SE PUEDE!

Sindicato de Inquilinas e Inquilinos & Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Vallecas

Vecinos de Rivas y Ensanche de Vallecas piden la renovación de alquileres justos en dos bloques propiedad de una SOCIMI

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nota de prensa, 3 de julio 2018

Vecinas y vecinos de dos bloques propiedad de la SOCIMI Vivenio en Rivas y Ensanche de Vallecas (Madrid) han anunciado su negativa a aceptar las subidas de alquileres o la no renovación de contratos que les quiere imponer la propiedad. Así lo han comunicado la mañana del miércoles en rueda de prensa convocada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y Sindicato de Inquilinos de Vallecas. Los bloques afectados suman cerca de 400 viviendas y se encuentran en las calles Jovellanos, 1, en la localidad de Rivas, y La Granja de San Ildefonso, 28 (Ensanche de Vallecas, Madrid). Se trata del tercer y cuarto bloque de inquilinos que se unen a la campaña Nos Quedamos en Madrid, impulsada en las principales ciudades del estado por organizaciones por el derecho a la vivienda para impedir las subidas abusivas de alquileres de hasta el 100% permitidos por la actual Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

Las prácticas abusivas de Vivenio denunciadas por las vecinas y por PAH Vallekas/Sindicato de Inquilinas de Vallecas incluyen, además de la subida de más del 30% de los alquileres, la no comunicación del derecho de tanteo y retracto en el caso de las viviendas de Rivas, procedentes de un plan de vivienda Joven de la Comunidad de Madrid con derecho a compra, información contradictoria sobre las nuevas condiciones o recortes de servicios asociados a los contratos. “En 2018, Vivenio adquirió la finca por subasta. Al igual que en el caso del bloque Jovellanos, estas transacciones sólo fueron conocidas por nosotros posteriormente. Esto creó gran incertidumbre, y además nos encontramos desde entonces con varios tipos de problemas derivados de la falta de información, dejadez, y recortes de los servicios asociados a los contratos”, ha señalado Patricia Tamarit, vecina del bloque de la calle Granja San Ildefonso.

“Lo que se nos ha impuesto desde el principio son subidas de alquiler excesivos de +30% y una serie de condiciones que nos resultan abusivas, como un seguro de impagos o seguro del hogar obligatorios”, ha señalado el portavoz del edificio de Rivas. Lotta Tenhunen, portavoz de PAH Vallekas/Sindicato de Inquilinas de Vallecas añade que “en varios casos Vivenio está sacando pisos al mercado a precios más bajos que los precios a los que pretenden subir los contratos actuales: es evidente que quieren echar a los inquilinos, en particular los que aún cuentan con contratos firmados antes de la última reforma de la LAU porque eran de 5, no 3 años y las condiciones eran mejores”.

Vecinos y vecinas han anunciado que ya se han puesto en contacto con la propiedad a través de un burofax en el que les comunican su voluntad de negociar una subida de alquileres justa, en la línea de lo defendido por la campaña Nos Quedamos, así como la retirada de las prácticas abusivas y la firma de un contrato justo, sin perjuicio de otras demandas que puedan ir acordando. “En estas condiciones, y cuando cada vez más personas se están viendo desplazadas por esta nueva burbuja de los alquileres, pensamos que la mejor arma de comunidades enteras compradas por los fondos es decir Nos Quedamos, vencer a la resignación y forzar a las propiedades a negociar. Mientras no se instauren por ley las demandas de los afectados incluídas en la Ley de la PAH, será necesario presentar esta lucha”, ha señalado Tenhunen.

Sobre Vivenio

Es una SOCIMI –Sociedad Anónima Cotizada de Inversión Inmobiliaria, que actúa en el mercado practicamente exenta de impuestos. Está formada por un fondo de pensiones holandés APG –capital mayoritario– y la inmobiliaria Renta Corporación. Los jefes de Vivenio son Rafael Palomo y Daniel Loureada.

La compra de estos bloques forma parte de una operación de inversión que asciende a más de 250 millones de euros. Vivenio tiene en la página web anunciados los pisos de las dos promociones, tanto Vallecas como Rivas.

Vivenio, además, prevé salir a Bolsa en 2019, y cuenta con ataduras relevantes políticas, por ejemplo ha tenido dos ministros del PP trabajando, Josep Piqué y Anna Birulés.

Sobre la Ley de la PAH

La ley de la PAH es una propuesta de ley elaborada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que recoge distintas medidas globales para atender al problema de la vivienda, los desahucios, los cortes de suministro y las deudas de por vida sufrido por miles de hogares en España. Las cinco medidas básicas están registradas desde enero en el Parlamento y el pasado mes de junio la propuesta superó el bloqueo de la mesa del Congreso, para ser discutida en fecha indeterminada en el pleno de la cámara baja.

PAH Vallekas / Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Vallecas

Recuperamos para el vecindario dos viviendas de grandes tenedores

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PAH Vallekas anunciamos la recuperación para el realojo de personas sin alternativa de vivienda, a lo largo del mes de marzo, de dos pisos pertenecientes a grandes tenedores.

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Anunciamos la recuperación para el realojo de personas sin alternativa de vivienda de dos pisos pertenecientes a grandes tenedores. Las dos viviendas recuperadas están localizadas en los distritos de Villa y Puente de Vallecas, respectivamente en las calles Congosto, 25 y Sierra de Llerena, 27. En las próximos días, los hogares que se han realojado se pondrán en contacto con las entidades propietarias de los inmuebles para solicitar un alquiler social acorde a sus ingresos.

La vivienda de la calle Congosto pertenece al fondo RMBS. En ella se ha realojado un vecino recién divorciado que, al no tener ingresos fijos, necesitaba un nuevo techo mientras mantiene –junto a su expareja– sus negociaciones con la financiera Credifimo para la condonación total de la deuda resultado de la hipoteca impagable que contrajeron con dicha entidad. RMBS es uno de los muchos fondos constituidos por Caja Madrid en los últimos años de la burbuja inmobiliaria de los 2000 para titulizar sus préstamos hipotecarios; es decir, para juntar cientos de créditos hipotecarios con alta probabilidad de caer en impago y vendérselos a inversores con apetito por el riesgo y las altas rentabilidades.

La vivienda de Sierra de Llerena, 27 pertenece a otro gran tenedor y es una vivienda unifamiliar de dos pisos. Sus anteriores habitantes, dos familias con tres niños menores, fueron desalojados sin alternativa el 2 de febrero. Mediante su participación en la PAH tres jóvenes del barrio se han alojado en este inmueble al ver imposibilitada –por su situación laboral, la carestía de los alquileres y la ausencia de vivienda social disponible– su acceso a una vivienda en condiciones. Uno de los vecinos es solicitante de vivienda de emergencia debido al maltrato familiar y discriminación laboral sufridos por ser transgénero.

La zona del barrio de Numancia situada entre las calles Francisco Iglesias y Valderribas, en gran parte viviendas unifamiliares o bloques de vecinos con más de 50 años de antigüedad, está sufriendo en los últimos meses un agresivo proceso de compraventa por parte de fondos e intermediarios, que están poniendo los alquileres en la zona por los 700 y hasta 800 euros en viviendas de apenas 40 metros cuadrados. Con la recuperación de la vivienda de Sierra de Llerena, 27 evitamos que el mayor deterioro producto de las viviendas vaciadas por bancos y fondos termine engordando a estos mismos rentistas que lentamente nos están expulsando de nuestros barrios. Animamos a todo el vecindario –sea con hipoteca, alquiler u hogar en precario– a organizarse en la PAH para evitar las expulsiones y denunciar la acaparación de viviendas vaciadas por parte de fondos y grandes tenedores.

 

Colectivos sociales presentan un convenio para la regularización del agua en 5 bloques con familias realojadas por la PAH 

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Cinco bloques de la PAH en Vallecas y Arganda no disponen de contadores ni contrato pese a estar dispuestas a pagar por el agua – 40 personas no tienen acceso a agua corriente en dos de estos bloques. El Canal se mostró de acuerdo en diciembre de 2017 a proceder a la regularización, y los vecinos llevan tres meses esperando que la entidad presente su propuesta de convenio. Empresas privadas como Agbar (Aguas de Barcelona) ya aplican convenios similares en Cataluña. 

Colectivos sociales han presentado esta mañana en Madrid una propuesta de convenio con el Canal de Isabel II para regularizar el suministro de agua -o llevar agua allí donde no está instalada- en domicilios habitados por personas sin título de propiedad ni alquiler. El convenio, que ya se aplica en otras comunidades autónomas y municipios como Barcelona y Terrassa , da también  respuesta a la necesidad inmediata de 70 vecinos y vecinas realojados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en cuatro bloques en Vallecas, y a otros 56 en el municipio de Arganda, y que están a la espera de que el propio Canal presente un convenio para regularizar la situación de los bloques con suministro y dotar de agua a 20 de esas viviendas (40 personas repartidas en dos bloques y tres viviendas individuales) que no tienen suministro de agua corriente. Así lo han anunciado representantes de PAH Vallekas, Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II y Alianza contra la Pobreza Energética (APE) en una rueda de prensa conjunta. 

El 12 de diciembre de 2017, el Canal de Isabel II se mostró de acuerdo en iniciar los trámites para la regularización del suministro de agua en estos y otros casos que les presentara la PAH, en una reunión de los representantes de PAH Vallekas y PAH Arganda en la que estaban presentes Juan Zubizarreta y Lourdes Polo, respectivamente director comercial y subdirectora comercial de la entidad. El acuerdo implicaba la instalación de agua y de contadores sin necesidad del permiso previo de la propiedad. Para ello, el Canal acordaría con los ayuntamientos implicados un convenio específico para atender estas necesidades. Según ha denunciado la PAH hoy en la rueda de prensa, tres meses después de este acuerdo no hay avances concretos y la propuesta de convenio sigue sin llegar. “Ante la poca proactividad del Canal, hemos decidido hacer lo que hacemos siempre: hacer el trabajo que las administraciones no quieren sacar adelante y proponer un modelo de convenio que podría solucionar mañana mismo el problema. Si es un convenio lo que falta, ya lo tienen”, ha señalado Diego Sanz, portavoz de PAH Vallekas. La PAH ha solicitado una reunión a todas las instancias implicadas (los ayuntamientos de Madrid y Arganda y el Canal de Isabel II) para presentarles la propuesta de convenio, sin que hasta el momento estas hayan respondido. Se da la circunstancia de que el alcalde de Arganda, Guillermo Hita (PSOE) es el presidente de la Federación de Municipios Madrileños, lo cual hace “doblemente necesaria” la implicación activa de Hita en la solución “por su condición de alcalde de una de las localidades afectadas y de presidente de la institución que coordina y representa a los municipios madrileños”, según ha señalado Sanz.  

La propuesta de convenio presentada toma como modelo el que el Grupo Agbar Suez ha firmado con diversos municipios de Cataluña, entre ellos Barcelona y Terrassa, y que en municipios más pequeños como El Vendrell están vigentes  desde finales de 2015. El convenio simplemente establece que con un informe especifico de servicios sociales en el que se reconozca la situación de exclusión residencial de las personas que viven en la vivienda y la necesidad de instalar un contador de agua. Esta petición se traslada a la empresa de aguas que procede a realizar un contrato provisional hasta que se regularice la situación con la vivienda. “Es cierto que estos convenios se han conseguido gracias a la presión ciudadana en la calle, es inaceptable que existiendo la solución que desde hace años ya se está aplicando en otros municipios del estado español, estas famílias esten viviendo desde hace años sin un derecho tan básico como es el agua“, ha explicado María Campuzano, de la Alianza contra la Pobreza Energética. 

“El Canal tiene que actualizar un reglamento de 1975 para poder dar respuesta a este tipo de necesidades, pero mientras tanto no puede mirar a otro lado y desde hoy ya tiene una propuesta sobre la mesan para empezar a trabajar”, ha señalado Gonzalo Marín, de la Plataforma Contra la Privatización del Canal de Isabel II. “En Madrid y en pleno siglo XXI hay personas que por trabas administrativas, más que por imposibilidad de pagar, no tienenacceso a agua corriente, una necesidad básica y un derecho humano reconocido por Naciones Unidas en su Asamblea General de julio de 2010. El derecho humano al agua es legalmente vinculante para los países como España que suscribieron el Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales, por lo que las administraciones públicas están comprometidas a respetarlo, protegerlo y cumplirlo“.

“Todas las partes implicadas, desde el ayuntamiento hasta el Canal, pasando por la propiedad, tienen la documentación de todas las vecinas de estos bloques desde hace tiempo. Entendemos que la instalación de contadores tendría que empezar mañana mismo, porque no podemos esperar más”, ha señalado Laura López, de PAH Vallekas y vecina de uno de los bloques sin suministro de agua. López ha detallado que en los bloques viven menores de edad, ancianos y personas con enfermedades crónicas. A eso se añade las dificultades de vivir sin agua, cuyo efecto en la salud física y mental han sido detallados por la Organización Mundial de la Salud.

Bloques recuperados de la Obra social de la PAH 

Las viviendas afectadas forman parte de la campaña de la Obra social de la PAH, con la que la Plataforma realoja en edificios abandonados propiedad de bancos y fondos a hogares afectados por los desahucios. Todos ellos han ido siendo recuperados por la PAH en los últimos años, desde el más antiguo en la calle Sierra de Llerena de Puente de Vallecas -recuperado en enero de 2012- hasta el más reciente en la calle Londres del municipio de Arganda. De los 5 bloques, 3 están en conversaciones con la propiedad para conseguir alquileres sociales. No obstante, todavía no se ha firmado ningún alquiler social, pese a que en un caso -de nuevo, Sierra de Llerena- las negociaciones comenzaron hace ya más de tres años y se ha entregado en varias ocasiones la documentación requerida por la propiedad. A estos bloques se suman tres viviendas individuales, pertenecientes a la Agencia de Vivienda Social y localizadas en el municipio de Arganda.    
     
“Todas estas situaciones estarían más que solucionadas si el Congreso legislara para asegurar los alquileres sociales, la vivienda pública, los suministros y la segunda oportunidad para miles de hogares”, ha recordado Sanz, algo a lo que se niega el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos. “Mientras el Congreso no legisle en el sentido presentado por la Ley de la PAH, seguiremos llevando nuestras propuestas en todos los niveles, como hoy hemos hecho con esta propuesta de convenio. Y recurriremos a la desobediencia civil y a la acción directa si a pesar de todo estas propuestas no son escuchadas”, ha concluido.  
 

La PAH realoja a otra vecina de Vallecas desahuciada por Bankia

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La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallecas (Madrid) ha realojado a una vecina, madre sola con cuatro hijas menores, inmediatamente después de su desahucio la mañana del viernes por parte de Bankia. El desahucio de Vera, activa participante de la PAH Vallekas, era conocido tanto por los servicios sociales municipales, la junta de distrito y la Empresa Municipal de la Vivienda y suelo de Madrid, sin que ninguna de estas instancias del ayuntamiento haya ofrecido una alternativa a la familia. El realojo se ha producido en un piso vacío perteneciente a una entidad bancaria, dentro de la campaña Obra Social la PAH, que ha realojado de esta forma ya a 3.500 personas en todo el Estado español.

Se trata del octavo desahucio ejecutado por la entidad rescatada en el distrito de Puente de Vallecas desde el mes de abril. Un noveno desahucio contra una familia con dos menores fue evitado la mañana del jueves 18 por la PAH en el barrio vallecano de Palomeras. No obstante, la cifra es más alta dado que estos desahucios, precisa PAH Vallekas, son sólo los que han llegado a la plataforma, y la propia Junta municipal reconoce que la cifra de lanzamientos de los que ha tenido conocimiento es al menos el doble en el mismo periodo. Antes del mes de junio, PAH Vallekas tiene previstos de momento al menos otros dos desahucios de Bankia.

Hasta ahora, contando con el desahucio de Vera y sus hijos, 31 personas han perdido su vivienda en estos ocho desahucios ejecutados por Bankia desde abril. De ellas, destaca PAH Vallekas, 15 son menores de edad. En el último caso, el de Vera, el desahucio se ha ejecutado pese a que su hija de 13 años está esperando fecha para una operación del corazón. “Un primer intento se produjo en marzo estando ella sola en casa, mientras Vera trabajaba cuidando a una señora mayor”, ha informado Diego Sanz, portavoz de PAH Vallekas. “Si no acudimos en ese momento, la habría echado a la calle la comisión judicial y la policía municipal. Podría haber pasado cualquier cosa, tanto a la hija de Vera, como a la señora a la que ella cuida, como a la propia Vera. Creemos que no hay que esperar a que vuelva a suceder una tragedia para tomar medidas. La PAH desde luego no vamos a esperar y Vera y sus hijas cuentan con un techo desde hoy mismo”.

De los ocho hogares desahuciados desde abril, tan sólo uno ha recibido algún tipo de alternativa por parte del Ayuntamiento. Es el caso de Juan Antonio, vecino desahuciado el pasado 5 de mayo con 57 años de edad que recibirá durante los próximos tres meses una ayuda para la mitad del alquiler en un piso compartido privado. Cabe señalar que Juan Antonio es empleado de los planes de formación municipales Vallecas Labora, y que su contrato con este dispositivo finaliza este mismo mes de mayo. De los otros siete hogares, dos han sido realojados por PAH Vallekas, uno ha tenido que abandonar Madrid (con un menor escolarizado en Vallecas) y los otros cuatro han tenido que volver a compartir piso con familiares u otras familias en el mercado privado.  “Todo esto sucede en la región y la ciudad que se jacta de estar a la cabeza en la creación de empleo y en crecimiento económico, pero parece que en ciertos barrios nos tenemos que seguir apretando el cinturón tras nueve años de crisis”, se ha lamentado Sanz.

El desahucio se ha producido poco después de las 10.30 de la mañana pese a la nutrida oposición vecinal y de la Plataforma. A las 6 de la madrugada, un contingente de 15 furgones de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la policía nacional ha cortado los accesos a la calle –la travesía de Palomeras, en el barrio vallecano de San Diego- y no ha dejado acceder a las personas que se dirigían al portal para tratar de negociar con la comisión judicial. De hecho, ésta no ha llegado a entablar contacto con el piquete antidesahucio en ningún momento, y el lanzamiento se ha producido tras la identificación policial y expulsión de las 20 personas que permanecían en el domicilio desde la noche anterior.

 

La PAH advierte de una oleada de desahucios ejecutados por Bankia en Vallecas

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La entidad rescatada ha desahuciado en seis lanzamientos a al menos 21 personas en el distrito en un mes, 11 de ellas menores de edad, y tiene previstos al menos cuatro desahucios más para la segunda mitad del mes de Mayo. Tras un encierro organizado por la PAH Vallekas la mañana del miércoles 10, Maria del Pilar Moreno Montero, del departamento de mediación y buenas prácticas de la entidad, se comprometió por teléfono con las cuatro familias que van a ser desahuciadas en mayo a paralizar los desahucios mientras se negocia un alquiler social. No obstante a primera hora de la tarde del jueves, sigue adelante el desalojo sin alternativa de una pareja joven con dos niños menores en la calle Campiña, 6, en el barrio vallecano de Entrevías.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallekas denuncia así una oleada “sin precedentes” de desahucios por parte de Bankia en el distrito de Puente de Vallecas. Sólo entre abril y la primera semana de mayo, la entidad ha desalojado 6 hogares empobrecidos –pese a la oposición de la Plataforma– y prevé desahuciar cuatro familias más durante el mes de mayo. Los desahucios han afectado a todo tipo de situaciones: deudores hipotecarios, inquilinos estafados y hogares en situación irregular.

En total, 21 personas, 11 de ellas menores de edad, han sido ya desahuciadas por Bankia entre abril y la primera semana de mayo, y otras 15 –8 menores de edad– corren riesgo de perder su hogar sin ninguna alternativa, en las próximas semanas de Mayo. Dos de los desahucios, los de la calle Puerto Alto, fueron ejecutados el 21 de abril, sin legitimidad jurídica por parte de Bankia, entidad que por error citó en el procedimiento como deudores hipotecarios a las dos familias, siendo meramente inquilinas de los anteriores ocupantes del inmueble. Otro de ellos, aplazado para el 24 de mayo, se produce tras 45 días de arresto domiciliario impuesto a la pareja. Y uno más, el del 19, afecta a una madre sola con una menor pendiente de una operación de corazón. “Todas estas situaciones son cada vez más normales, y nos hablan de un sistema judicial que está claramente del lado de los más poderosos”, ha destacado Lotta Tenhunen, portavoz de PAH Vallekas. Todos los desahucios –menos uno– se han ejecutado sin que hasta el momento haya habido una alternativa ni por parte de la Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid, ni por parte de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS).

“En el caso en que se ha dado una alternativa, con el desahucio de Juan Antonio el pasado viernes, esta nos parece completamente insuficiente: ¿todo lo que puede encontrar el ayuntamiento de Madrid para realojar a un trabajador municipal como Juan Antonio es pagarle la mitad del alquiler durante tres meses un piso compartido? ¿Dónde han quedado la presión a la banca y a los grandes tenedores de vivienda para que cedan alquileres sociales?” En este sentido, PAH Vallekas considera no sólo “insuficiente” el parque público de vivienda disponible por parte de la EMVS, sino “injusta, desnortada y contraproducente” toda la política de mediación con las entidades bancarias, puesta en marcha a través de la Oficina de Intermediación Hipotecaria, el dispositivo antidesahucios de Carmena rechazado por todos los grupos stop desahucios de la ciudad de Madrid.

PAH Vallekas quiere destacar que los desahucios registrados por la plataforma en el distrito “recoge datos parciales: estos son casos que han ido llegando a la plataforma. Lo cual nos indica que el número real debe ser mucho mayor”, ha indicado Lorena Salazar Gonzalez, miembro de PAH Vallekas con lanzamiento de desahucio previsto para el próximo día 12. Todos los casos se han producido con conocimiento de los servicios sociales y de los dispositivos de mediación dispuestos por el ayuntamiento con Bankia, que se ha negado a dar alquiler social en todos los casos. “Insistiremos todas las veces que haga falta: después de haber entregado a Bankia 147.000 millones de euros en ayudas públicas, esta entidad con mayoría de accionariado público, tiene una obligación de dar alquiler social, aunque sólo fuera porque las casas con las que ha ido quedándose las ha obtenido con un sistema hipotecario que los tribunales de la Unión Europea han declarado ilegal”, señala Vera Llada Celorio, también miembro de la Plataforma.

PAH Vallekas insiste en la necesidad de un cambio normativo que evite los desahucios sin alternativa, y Llada Celorio recuerda que ese cambio normativo ya está siendo propuesto por la PAH y otras organizaciones integrantes de las campañas “La Ley de la PAH” e “Iniciativa Legislativa Popular (ILP) madrileña por el derecho a la vivienda”.

“Mientras no se lleve a cabo este cambio de ley fundamental, lo que nos queda es seguir defendiendo el derecho a la vivienda digna con la desobediencia civil y la acción directa para detener los desahucios igual que para recuperar viviendas vacías en manos de los grandes propietarios”, ha señalado Salazar Gonzalez. Es en este sentido que se produjo el día anterior un tentativo acercamiento entre la Plataforma y Bankia. Al encerrarse en una sucursal de la entidad en Entrevías, la directora de la zona se comprometió con paralizar los próximos lanzamientos y empezar las negociaciones para alquileres sociales. “Queremos confiar en que lo sucedido no sea un acontecimiento aislado sino pueda llevar a una mediación continuada”, destaca Salazar Gonzalez.

Además de los desahucios de Bankia, la PAH se enfrenta a un mes especialmente complicado en el distrito. En tres semanas, la Plataforma tiene previstos al menos otros tres lanzamientos provocados por las entidades Fidere, Sareb. “La cifra final sera más alta”, precisa Tenhunen: “todos los lunes llegan casos y desahucios nuevos a la asamblea de acogida, y sólo esta semana hemos tenido que parar otros dos desahucios de última hora que no teníamos previstos”.

Justicia para Dara y Miguel: la vivienda no es delito

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En un año y medio, en torno a la historia de Dara y Miguel hay 4 desahucios.

Una pareja joven del barrio vallecano de Entrevías y su hijo de tres años ven peligrar su vivienda y su vida diaria por una absurda, cruel e innecesaria condena judicial. Realizar tareas básicas como llevar y traer al pequeño al cole, hacer la compra, sacar dinero del banco, ir al médico o buscar empleo supone para ellos infringir los 45 días de arresto domiciliario ordenados por un juzgado madrileño por no poder pagar una multa de 570 euros, la pena que les impuso la magistrada Inmaculada Martín Llanos por ocupar una vivienda de Bankia. Pero como tantos hogares del sureste madrileño y de todo el país, ni Dara ni Miguel son delincuentes y a falta de otra vía sólo han buscado un techo en el que vivir. Sus ingresos conjuntos de 587 euros y la falta de vivienda social no les han dejado otra alternativa.  En torno a esta historia hay -en sólo el último año y medio: en plena era Cifuentes y Carmena- cuatro desahucios y un contexto de abuso policial y judicial contra los más pobres, mientras los bancos siguen negándose a devolver a la sociedad lo que ésta le ha dado: hasta 147.000 millones de euros desde el inicio de la crisis sólo en el caso de Bankia.

Este último tramo de la historia comienza en agosto de 2016, cuando la familia que vivía en el piso de la avenida de Entrevías, 66 decide abandonar la vivienda para volver a su país de origen. Como tantas y tantas familias, los habitantes del piso donde ahora viven Dara, Miguel y su hijo, se resignaron a dejar su vivienda al banco y su vida en España, desmoralizados y destrozados anímicamente por el peso de una deuda impagable. Un desahucio silencioso, como la mayoría de los 61.000 registrados en 2016 en los juzgados. Ironías de la vida: si esta familia hubiera esperado unos meses la Audiencia Provincial habría paralizado la demanda de Bankia por basarse en una cláusula declarada ilegal por la Unión Europea.

Todos los vecinos de la escalera han firmado apoyando a la pareja.

En el momento de meterse en ese piso -vacío por una práctica bancaria no sólo cruel, sino ilegal- con su pareja Miguel y el hijo de ambos, Dara viene de haber sufrido un desahucio brutal en el vecino barrio de San Diego. No solo silencioso, sino directamente invisible para las estadísticas de los juzgados: la joven tuvo que abandonar la vivienda, perteneciente al Banco Sabadell, por las repetidas amenazas del presidente de la comunidad de vecinos, un hombre que dijo ser teniente de la Guardia Civil. Los  golpes en la puerta y las amenazas y gritos de los policías municipales llamados por el vecino hicieron el resto. Un desahucio sin orden judicial, en presencia del menor, y efectuado pese a la voluntad del banco de regularizar a la familia en la vivienda con un alquiler social. Unas semanas antes, la familia había abandonado amistosamente otra vivienda que habitaban como inquilinos por no poder hacer frente al alquiler. Pese a la buena voluntad de la casera, una vecina del barrio, decidieron no forzar más la buena relación con ella al saber que los impagos iban a repetirse. Otro desplazamiento forzoso, otra pérdida de vivienda, sin demanda judicial de por medio e indetectable para las estadísticas de los juzgados y las notas de prensa.

Volvemos a la casa de Bankia. Tras una primera identificación, el juicio llegó rápido. Dara y Miguel eran condenados en enero por delito leve. Al no poder ingresar en tres días los 570 euros de multa, la jueza Inmaculada Martín Llanos, del juzgado penal 28 de Madrid, dicta en febrero la orden de arresto domiciliario para la pareja:45 días sin poder salir de la vivienda, sujetos al control policial diario, a cuyo término el 5 de abril se les solicita que abandonen la vivienda. En ese momento se ponen en contacto con PAH Vallekas, desde donde hoy piden un alquiler social a Bankia. Mientras, las tareas esenciales como la compra o llevar al niño al cole las hace la madre de Dara.

  • Pedimos la suspensión del procedimiento de desahucio y que Bankia les conceda un alquiler social acorde con sus ingresos.
  • Denunciamos una vez más la insuficiencia del parque público de vivienda social en la Comunidad de Madrid. Tanto el dependiente del gobierno regional (Agencia de Vivienda Social) como del Ayuntamiento de Madrid (EMVS). Pese a haber perdido su vivienda en repetidas ocasiones, y de haber solicitado vivienda de especial necesidad tanto a la AVS como a la EMVS, Dara y Miguel no han obtenido respuesta.
  • Merecen mención especial la inanidad de los dispositivos municipales relacionados con la política de vivienda al responder a estas situaciones, mucho menos extraordinarias de lo que pudiera parecer. Tanto la vía de acceso corriente a la vivienda social -desde servicios sociales hasta la EMVS- como los dispositivos denominados mediáticamente antidesahucios como la Oficina de Intermediación Hipotecaria creada por la concejala Marta Higueras han demostrado ser vías muertas. También lo han sido las intervenciones basadas en mediaciones externas de entidades, caso de la ONG e inmobiliaria Provivienda (perteneciente a la Fundación Hogar del Empleado, FUHEM), conocedora de la situación de Dara desde su desahucio violento en el barrio de San Diego.
  • Insistimos en que las situaciones de exclusión y de emergencia habitacional no cesarán sin las medidas sugeridas por la PAH y otras organizaciones, tanto en la ley de la PAH como en la Iniciativa Legislativa Popular madrileña por el derecho a la vivienda: segunda oportunidad real para los hogares endeudados, ni un desahucio más sin alternativa, parque público de vivienda en alquiler, alquiler social en los pisos pertenecientes a los grandes tenedores de vivienda y suministros garantizados.
  • En la línea de lo expuesto en la campaña La Vivienda no Es Delito, de Obra Social Madrid, denunciamos la criminalización de la pobreza y, en el contexto de nuestra Comunidad autónoma, el uso de la vía penal para perseguir las prácticas de usurpación de vivienda por necesidad. Entendemos que esta vía agrava todavía más la situación de exclusión que un primer momento ha obligado a hogares como el de Dara y Miguel a buscar por su cuenta una solución en casas vacías de los bancos.
  • La PAH Vallekas seguirá defendiendo, junto con el resto de PAHs y colectivos por el derecho a la vivienda, la legitimidad y necesidad del apoyo mutuo, la lucha colectiva y la desobediencia civil como únicas vías efectivas a medio plazo para darle la vuelta al empobrecimiento de amplias capas de población, la exclusión social y los desahucios.

 

 

¡Justicia Para Dara y Miguel!

¡Justicia en el barrio!

¡La Vivienda No es Delito!

¡Sí se puede!

 

 

Carta abierta de PAH Vallekas al concejal Francisco Pérez

Comunicados
Una de las medidas anunciadas por la junta en la última reunión que mantuvimos con el concejal presidente de Puente de Vallecas, Francisco Pérez, y la directora de servicios sociales de Puente de Vallecas, Leonor Santos, es el inicio de un servicio de asesoría jurídica sobre vivienda. Queríamos poner por escrito varias inquietudes y reflexiones que tocan de cerca al carácter de este tipo de dispositivo que ofrecería un seguimiento individual de los casos y un banco de pisos temporales para casos de emergencia. 

Este anuncio nos preocupa por los siguientes motivos: 

Los dispositivos basados en la asesoría jurídica individual no avanzan en el sentido de solucionar el grave problema de vivienda y endeudamiento existente en la ciudad de Madrid y en concreto en los distritos de Puente y Villa de Vallecas, ni proporcionan herramientas de presión colectiva para cambiar esta situación. Tal y como hemos hecho público en varias ocasiones –y como es conocimiento tanto de la alcaldesa, como de la concejala Marta Higueras, la EMVS y la Junta– el nuevo dispositivo acompaña unas políticas de vivienda que apenas incrementarán el parque público disponible en Madrid con respecto al existente hace 4 años. 

En este mismo período de 4 años, se han sumado nuevas emergencias a la problemática de desahucios de vivienda habitual agudizada con la crisis: venta de vivienda pública a fondos buitre, financiarización del sector del alquiler (aumento de los alquileres, entrada de nuevos actores como aseguradoras, comercializadoras y Socimis, condiciones abusivas en los contratos), desplazamiento forzoso de partes de la población debido a la turistificación del centro, aumento de las personas en situación de calle, persistencia de bolsas de infravivienda y de segregación urbana, nuevas demandas de la sociedad para la admisión de personas refugiadas debido a la crisis migratoria. Dado que son esas otras grandes políticas (vivienda pública, penalización del uso antisocial de la vivienda por parte de grandes tenedores) las que pueden sacarnos de una situación de emergencia habitacional a una situación de normalidad en el acceso a la vivienda, nos preguntamos por el sentido de un nuevo dispositivo de atención individualizada. 

El servicio propuesto se suma a la ya existente Oficina de Intermediación Hipotecaria (OIH), así como a los acuerdos de esta y anteriores corporaciones con ONG como Cruz Roja, Provivienda o CEAR. Nos encontramos pues ante cuatro dispositivos de asesoría de vivienda muy similares: las asesorías aumentan, pero también las emergencias habitacionales. La experiencia acumulada de estos años, a la que se suma la creación de la OIH por parte del área de Equidad y servicios sociales, nos indica que estos dispositivos hacen una intervención de escaso impacto cuantitativo, que no genera ni consolida derechos más allá de la intervención puntual, y en lo cualitativo crean nuevos fenómenos de dependencia, oportunismo y desorientación por parte de los usuarios (dependencia, oportunismo y desorientación que tantas veces dificulta el propio trabajo de los servicios sociales). Sin organización y lucha colectiva, a falta de una mayor presión institucional, pensamos que la inmensa mayoría de los usuarios terminarán en el desánimo y el aislamiento sin ver solucionado su problema de vivienda. La OIH es un ejemplo excelente en este sentido: el escaso alcance de su intervención ha sido reconocido en privado por el propio equipo de Marta Higueras. No obstante, su existencia sí está suponiendo –así lo percibimos diariamente– una mayor desorientación para los usuarios justo en el mismo momento en que la Unión Europea declara la ilegalidad del ordenamiento hipotecario español. 

Para los casos de vivienda en precario recientemente incorporados a este dispositivo, el balance es todavía más grave y desde su existencia está sirviendo de pantalla, por parte de las entidades bancarias, para eludir la presión colectiva de la PAH y grupos de vivienda. Al mismo tiempo que, desde el propio área de Equidad, se elude desde hace un año y medio convocar una mesa de diálogo con las entidades bancarias y la PAH. Del mismo modo constatamos que los realojos temporales en pisos de emergencia están aliviando presión sobre los bancos para conceder alquileres sociales en las viviendas que han ido adquiriendo consecuencia de un sistema hipotecario abusivo e ilegal. Mientras, los bancos favorecen la entrada de nuevos actores como compradores de gangas, titulizadoras y fondos de inversión con los que ni siquiera el Ayuntamiento tiene vía alguna de interlocución (al no reconocer estos actores del sector financiero a la OIH, tal y como ha manifestado públicamente Marta Higueras). 

En conjunto, valoramos que un nuevo dispositivo como el descrito durante la reunión puede tener cierto impacto positivo –a corto plazo– para la imagen de la corporación municipal. Sin embargo –desde nuestro punto de vista y a medio plazo– sólo ayudará a desmovilizar y a quitar la presión sobre los bancos para que una parte sustancial de su actual parque de vivienda pase en usufructo a manos municipales. Insistimos en la pronta revaloración, a la luz de lo expuesto, del servicio de asesoría individual de la Junta Municipal.  

La PAH lleva las reclamaciones por las cláusulas suelo al sureste madrileño

Comunicados

Bajo el lema “Pónselo difícil a la banca”, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) iniciará en los distritos del sureste de Madrid una campaña para informar a los hogares hipotecados del distrito la oportunidad abierta tras la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que confirmó en diciembre la ilegalidad de las llamada cláusula suelo y la obligatoriedad de la devolución retroactiva de las cantidades cobradas de más por los bancos.

 

“La justicia europea ha declarado abusivas e ilegales muchas claúsulas que los bancos han hecho firmar a miles de familias, no solo la cláusula suelo”,  explica Diego Sanz, portavoz de PAH Vallekas. “Muchos hogares afectados no saben que tienen estas cláusulas y que las sentencias son de obligado cumplimiento para la justicia española”, destaca Sanz, quien advierte de la “persistencia del grave problema de sobreendeudamiento privado de los hogares que ha conducido a medio millón de desahucios en 10 años”.

 

Por un lado, la PAH pondrá a disposición de los hogares afectados de manera gratuita tanto sus asesorías colectivas como talleres específicos sobre procedimiento hipotecario y cláusulas abusivas. Para las zonas de Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Moratalaz y Vicálvaro, la PAH celebrará un primer tallerabierto el sábado 4 de febrero a las 18 horas en el centro social La Villana de Vallekas, c/ Montseny,35, (metro Nueva Numancia). Semanalmente, la sección vallecana de la plataforma también celebra asesorías colectivas gratuitas para los afectados los lunes a las 18h en la calle Marismas, 24 . Además, la PAH subió a su página webdiversos modelos de reclamación y un documento para averiguar si esta cláusula, cuya devolución podría suponer hasta 5.000 millones de euros para las cuentas de los bancos, se encuentra en nuestro contrato hipotecario.

 

Pero según la plataforma, el simple asesoramiento se queda cojo si las reclamaciones individuales no se acompañan de acciones conjuntas. “Por desgracia el real decreto aprobado por el Gobierno del PP agua el contenido demoledor de la sentencia europea y crea una vía extrajudicial que dejará fuera a miles de hogares”, señala el portavoz de PAH Vallekas. “Sin presión organizada a la banca, estamos en manos de despachos de abogados sin escrúpulos que sólo quieren lucrarse aprovechándose de nuestra necesidad”, denuncia. “La única manera de ponérnoslo fácil a nosotros mismos es ponérselo difícil a los bancos, y eso sólo se consigue juntándonos con otros que están en nuestra misma situación para presionar”, concluye.

 

Una opinión con la que coincide Tomás Durán, también miembro de la PAH a quien el juzgado número 2 de lo mercantil de Madrid ha anulado esta semana todas las cláusulas abusivas de su contrato con la financiera Credifimo: además de la cláusula suelo, otras seis. Este afectado, que ya dejó de pagar al banco en 2015 por imposibilidad de atender las cuotas, valora que lo importante de la sentencia es que le permitirá ” tener más margen de negociación con el banco para una posible quita de mi deuda y no perder así mi casa”.

Taller sobre claúsula suelo: cómo ponérselo difícil a los bancos

Convocatorias

El próximo sábado 4 de febrero a las 18h impartiremos un taller gratuito y abierto. En él hablaremos de algo sobre lo que se está hablando mucho estos días: la ahora famosa cláusula suelo. A través de este taller encontraremos formas para oponerte legalmente a estas y otras cláusulas abusivas de la banca presentes en nuestras hipotecas. También resumiremos en qué consisten las medidas aprobadas por el Gobierno al respecto y cómo hacer para superarlas.

Será en el centro social La Villana de Vallekas, c/ Montseny, 35, Metro Puente de Vallecas o Nueva Numancia.  El taller durará aproximadamente una hora y media.