PAH Vallekas

La PAH realoja a otra vecina de Vallecas desahuciada por Bankia

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallecas (Madrid) ha realojado a una vecina, madre sola con cuatro hijas menores, inmediatamente después de su desahucio la mañana del viernes por parte de Bankia. El desahucio de Vera, activa participante de la PAH Vallekas, era conocido tanto por los servicios sociales municipales, la junta de distrito y la Empresa Municipal de la Vivienda y suelo de Madrid, sin que ninguna de estas instancias del ayuntamiento haya ofrecido una alternativa a la familia. El realojo se ha producido en un piso vacío perteneciente a una entidad bancaria, dentro de la campaña Obra Social la PAH, que ha realojado de esta forma ya a 3.500 personas en todo el Estado español.

Se trata del octavo desahucio ejecutado por la entidad rescatada en el distrito de Puente de Vallecas desde el mes de abril. Un noveno desahucio contra una familia con dos menores fue evitado la mañana del jueves 18 por la PAH en el barrio vallecano de Palomeras. No obstante, la cifra es más alta dado que estos desahucios, precisa PAH Vallekas, son sólo los que han llegado a la plataforma, y la propia Junta municipal reconoce que la cifra de lanzamientos de los que ha tenido conocimiento es al menos el doble en el mismo periodo. Antes del mes de junio, PAH Vallekas tiene previstos de momento al menos otros dos desahucios de Bankia.

Hasta ahora, contando con el desahucio de Vera y sus hijos, 31 personas han perdido su vivienda en estos ocho desahucios ejecutados por Bankia desde abril. De ellas, destaca PAH Vallekas, 15 son menores de edad. En el último caso, el de Vera, el desahucio se ha ejecutado pese a que su hija de 13 años está esperando fecha para una operación del corazón. “Un primer intento se produjo en marzo estando ella sola en casa, mientras Vera trabajaba cuidando a una señora mayor”, ha informado Diego Sanz, portavoz de PAH Vallekas. “Si no acudimos en ese momento, la habría echado a la calle la comisión judicial y la policía municipal. Podría haber pasado cualquier cosa, tanto a la hija de Vera, como a la señora a la que ella cuida, como a la propia Vera. Creemos que no hay que esperar a que vuelva a suceder una tragedia para tomar medidas. La PAH desde luego no vamos a esperar y Vera y sus hijas cuentan con un techo desde hoy mismo”.

De los ocho hogares desahuciados desde abril, tan sólo uno ha recibido algún tipo de alternativa por parte del Ayuntamiento. Es el caso de Juan Antonio, vecino desahuciado el pasado 5 de mayo con 57 años de edad que recibirá durante los próximos tres meses una ayuda para la mitad del alquiler en un piso compartido privado. Cabe señalar que Juan Antonio es empleado de los planes de formación municipales Vallecas Labora, y que su contrato con este dispositivo finaliza este mismo mes de mayo. De los otros siete hogares, dos han sido realojados por PAH Vallekas, uno ha tenido que abandonar Madrid (con un menor escolarizado en Vallecas) y los otros cuatro han tenido que volver a compartir piso con familiares u otras familias en el mercado privado.  “Todo esto sucede en la región y la ciudad que se jacta de estar a la cabeza en la creación de empleo y en crecimiento económico, pero parece que en ciertos barrios nos tenemos que seguir apretando el cinturón tras nueve años de crisis”, se ha lamentado Sanz.

El desahucio se ha producido poco después de las 10.30 de la mañana pese a la nutrida oposición vecinal y de la Plataforma. A las 6 de la madrugada, un contingente de 15 furgones de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la policía nacional ha cortado los accesos a la calle –la travesía de Palomeras, en el barrio vallecano de San Diego- y no ha dejado acceder a las personas que se dirigían al portal para tratar de negociar con la comisión judicial. De hecho, ésta no ha llegado a entablar contacto con el piquete antidesahucio en ningún momento, y el lanzamiento se ha producido tras la identificación policial y expulsión de las 20 personas que permanecían en el domicilio desde la noche anterior.

La PAH advierte de una oleada de desahucios ejecutados por Bankia en Vallecas

Justicia para Dara y Miguel: la vivienda no es delito

En un año y medio, en torno a la historia de Dara y Miguel hay 4 desahucios.

Una pareja joven del barrio vallecano de Entrevías y su hijo de tres años ven peligrar su vivienda y su vida diaria por una absurda, cruel e innecesaria condena judicial. Realizar tareas básicas como llevar y traer al pequeño al cole, hacer la compra, sacar dinero del banco, ir al médico o buscar empleo supone para ellos infringir los 45 días de arresto domiciliario ordenados por un juzgado madrileño por no poder pagar una multa de 570 euros, la pena que les impuso la magistrada Inmaculada Martín Llanos por ocupar una vivienda de Bankia. Pero como tantos hogares del sureste madrileño y de todo el país, ni Dara ni Miguel son delincuentes y a falta de otra vía sólo han buscado un techo en el que vivir. Sus ingresos conjuntos de 587 euros y la falta de vivienda social no les han dejado otra alternativa.  En torno a esta historia hay -en sólo el último año y medio: en plena era Cifuentes y Carmena- cuatro desahucios y un contexto de abuso policial y judicial contra los más pobres, mientras los bancos siguen negándose a devolver a la sociedad lo que ésta le ha dado: hasta 147.000 millones de euros desde el inicio de la crisis sólo en el caso de Bankia.

Este último tramo de la historia comienza en agosto de 2016, cuando la familia que vivía en el piso de la avenida de Entrevías, 66 decide abandonar la vivienda para volver a su país de origen. Como tantas y tantas familias, los habitantes del piso donde ahora viven Dara, Miguel y su hijo, se resignaron a dejar su vivienda al banco y su vida en España, desmoralizados y destrozados anímicamente por el peso de una deuda impagable. Un desahucio silencioso, como la mayoría de los 61.000 registrados en 2016 en los juzgados. Ironías de la vida: si esta familia hubiera esperado unos meses la Audiencia Provincial habría paralizado la demanda de Bankia por basarse en una cláusula declarada ilegal por la Unión Europea.

Todos los vecinos de la escalera han firmado apoyando a la pareja.

En el momento de meterse en ese piso -vacío por una práctica bancaria no sólo cruel, sino ilegal- con su pareja Miguel y el hijo de ambos, Dara viene de haber sufrido un desahucio brutal en el vecino barrio de San Diego. No solo silencioso, sino directamente invisible para las estadísticas de los juzgados: la joven tuvo que abandonar la vivienda, perteneciente al Banco Sabadell, por las repetidas amenazas del presidente de la comunidad de vecinos, un hombre que dijo ser teniente de la Guardia Civil. Los  golpes en la puerta y las amenazas y gritos de los policías municipales llamados por el vecino hicieron el resto. Un desahucio sin orden judicial, en presencia del menor, y efectuado pese a la voluntad del banco de regularizar a la familia en la vivienda con un alquiler social. Unas semanas antes, la familia había abandonado amistosamente otra vivienda que habitaban como inquilinos por no poder hacer frente al alquiler. Pese a la buena voluntad de la casera, una vecina del barrio, decidieron no forzar más la buena relación con ella al saber que los impagos iban a repetirse. Otro desplazamiento forzoso, otra pérdida de vivienda, sin demanda judicial de por medio e indetectable para las estadísticas de los juzgados y las notas de prensa.

Volvemos a la casa de Bankia. Tras una primera identificación, el juicio llegó rápido. Dara y Miguel eran condenados en enero por delito leve. Al no poder ingresar en tres días los 570 euros de multa, la jueza Inmaculada Martín Llanos, del juzgado penal 28 de Madrid, dicta en febrero la orden de arresto domiciliario para la pareja:45 días sin poder salir de la vivienda, sujetos al control policial diario, a cuyo término el 5 de abril se les solicita que abandonen la vivienda. En ese momento se ponen en contacto con PAH Vallekas, desde donde hoy piden un alquiler social a Bankia. Mientras, las tareas esenciales como la compra o llevar al niño al cole las hace la madre de Dara.

• Pedimos la suspensión del procedimiento de desahucio y que Bankia les conceda un alquiler social acorde con sus ingresos.
• Denunciamos una vez más la insuficiencia del parque público de vivienda social en la Comunidad de Madrid. Tanto el dependiente del gobierno regional (Agencia de Vivienda Social) como del Ayuntamiento de Madrid (EMVS). Pese a haber perdido su vivienda en repetidas ocasiones, y de haber solicitado vivienda de especial necesidad tanto a la AVS como a la EMVS, Dara y Miguel no han obtenido respuesta.
• Merecen mención especial la inanidad de los dispositivos municipales relacionados con la política de vivienda al responder a estas situaciones, mucho menos extraordinarias de lo que pudiera parecer. Tanto la vía de acceso corriente a la vivienda social -desde servicios sociales hasta la EMVS- como los dispositivos denominados mediáticamente antidesahucios como la Oficina de Intermediación Hipotecaria creada por la concejala Marta Higueras han demostrado ser vías muertas. También lo han sido las intervenciones basadas en mediaciones externas de entidades, caso de la ONG e inmobiliaria Provivienda (perteneciente a la Fundación Hogar del Empleado, FUHEM), conocedora de la situación de Dara desde su desahucio violento en el barrio de San Diego.
• Insistimos en que las situaciones de exclusión y de emergencia habitacional no cesarán sin las medidas sugeridas por la PAH y otras organizaciones, tanto en la ley de la PAH como en la Iniciativa Legislativa Popular madrileña por el derecho a la vivienda: segunda oportunidad real para los hogares endeudados, ni un desahucio más sin alternativa, parque público de vivienda en alquiler, alquiler social en los pisos pertenecientes a los grandes tenedores de vivienda y suministros garantizados.
• En la línea de lo expuesto en la campaña La Vivienda no Es Delito, de Obra Social Madrid, denunciamos la criminalización de la pobreza y, en el contexto de nuestra Comunidad autónoma, el uso de la vía penal para perseguir las prácticas de usurpación de vivienda por necesidad. Entendemos que esta vía agrava todavía más la situación de exclusión que un primer momento ha obligado a hogares como el de Dara y Miguel a buscar por su cuenta una solución en casas vacías de los bancos.
• La PAH Vallekas seguirá defendiendo, junto con el resto de PAHs y colectivos por el derecho a la vivienda, la legitimidad y necesidad del apoyo mutuo, la lucha colectiva y la desobediencia civil como únicas vías efectivas a medio plazo para darle la vuelta al empobrecimiento de amplias capas de población, la exclusión social y los desahucios.

¡Justicia Para Dara y Miguel!

¡Justicia en el barrio!

¡La Vivienda No es Delito!

¡Sí se puede!

Carta abierta de PAH Vallekas al concejal Francisco Pérez

Una de las medidas anunciadas por la junta en la última reunión que mantuvimos con el concejal presidente de Puente de Vallecas, Francisco Pérez, y la directora de servicios sociales de Puente de Vallecas, Leonor Santos, es el inicio de un servicio de asesoría jurídica sobre vivienda. Queríamos poner por escrito varias inquietudes y reflexiones que tocan de cerca al carácter de este tipo de dispositivo que ofrecería un seguimiento individual de los casos y un banco de pisos temporales para casos de emergencia. 

La PAH lleva las reclamaciones por las cláusulas suelo al sureste madrileño

Bajo el lema “Pónselo difícil a la banca”, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) iniciará en los distritos del sureste de Madrid una campaña para informar a los hogares hipotecados del distrito la oportunidad abierta tras la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que confirmó en diciembre la ilegalidad de las llamada cláusula suelo y la obligatoriedad de la devolución retroactiva de las cantidades cobradas de más por los bancos.

“La justicia europea ha declarado abusivas e ilegales muchas claúsulas que los bancos han hecho firmar a miles de familias, no solo la cláusula suelo”,  explica Diego Sanz, portavoz de PAH Vallekas. “Muchos hogares afectados no saben que tienen estas cláusulas y que las sentencias son de obligado cumplimiento para la justicia española”, destaca Sanz, quien advierte de la “persistencia del grave problema de sobreendeudamiento privado de los hogares que ha conducido a medio millón de desahucios en 10 años”.

Por un lado, la PAH pondrá a disposición de los hogares afectados de manera gratuita tanto sus asesorías colectivas como talleres específicos sobre procedimiento hipotecario y cláusulas abusivas. Para las zonas de Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Moratalaz y Vicálvaro, la PAH celebrará un primer tallerabierto el sábado 4 de febrero a las 18 horas en el centro social La Villana de Vallekas, c/ Montseny,35, (metro Nueva Numancia). Semanalmente, la sección vallecana de la plataforma también celebra asesorías colectivas gratuitas para los afectados los lunes a las 18h en la calle Marismas, 24 . Además, la PAH subió a su página webdiversos modelos de reclamación y un documento para averiguar si esta cláusula, cuya devolución podría suponer hasta 5.000 millones de euros para las cuentas de los bancos, se encuentra en nuestro contrato hipotecario.

Pero según la plataforma, el simple asesoramiento se queda cojo si las reclamaciones individuales no se acompañan de acciones conjuntas. “Por desgracia el real decreto aprobado por el Gobierno del PP agua el contenido demoledor de la sentencia europea y crea una vía extrajudicial que dejará fuera a miles de hogares”, señala el portavoz de PAH Vallekas. “Sin presión organizada a la banca, estamos en manos de despachos de abogados sin escrúpulos que sólo quieren lucrarse aprovechándose de nuestra necesidad”, denuncia. “La única manera de ponérnoslo fácil a nosotros mismos es ponérselo difícil a los bancos, y eso sólo se consigue juntándonos con otros que están en nuestra misma situación para presionar”, concluye.

Una opinión con la que coincide Tomás Durán, también miembro de la PAH a quien el juzgado número 2 de lo mercantil de Madrid ha anulado esta semana todas las cláusulas abusivas de su contrato con la financiera Credifimo: además de la cláusula suelo, otras seis. Este afectado, que ya dejó de pagar al banco en 2015 por imposibilidad de atender las cuotas, valora que lo importante de la sentencia es que le permitirá ” tener más margen de negociación con el banco para una posible quita de mi deuda y no perder así mi casa”.